El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad incoado contra la disposición administrativa de las cámaras legislativas mediante la cual se les asignan fondos provenientes del Presupuesto Nacional a los senadores y diputados para la ejecución de programas sociales.

La disposición del alto tribunal está contenida en la sentencia 0056-15 que establece que “el presente caso se trata de una impugnación por inconstitucionalidad de una actuación administrativa que se circunscribe al ámbito de la ejecución presupuestaria del Poder Legislativo”.

El Tribunal indica “que no se trata de ninguno de los actos susceptibles de ser impugnados por acción directa, como son las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, según lo establece la Carta Magna y la ley orgánica del Tribunal Constitucional” (137-11).