El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró como irregular la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a la empresa Inversiones Fernández Parache (Infepa).

De acuerdo con la sentencia no. 0313-2024-S-00140 del 14 de octubre de 2024, la corte anuló los títulos de propiedad que beneficiaban a Infepa sobre las parcelas número 153-A-1 y 155. Sin embargo, no hizo lo mismo con la venta de la parcela 153-A-2 para no afectar los derechos adquiridos de personas que habían comprado de buena fe los terrenos a dicha empresa.

«El tribunal reconoció que esa venta había violado la Constitución de la República», manifestó el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, representante del Estado, al tiempo que indicó: «El proceso continuará, ya se han recuperado dos de tres parcelas, aunque la más grande todavía no se ha logrado».

«Esto va a tener consecuencias en el proceso, porque no puede quedar en manos de un particular un bien que ha sido adquirido en violación de la Constitución de la República», agregó el jurista durante una entrevista en el programa televisivo «El Día».

Sobre el caso

Por la venta ilegal de terrenos en ese sector fue procesado Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) junto a otras 16 personas involucradas en el caso.

Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.

Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del acusado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

Fiscales adscritos a la Pepca establecieron que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.

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