El tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo ordenó ayer la paralización de los trabajos para la instalación de una fábrica de cemento en las proximidades  de Los Haitises. La jueza Sarah Henríquez Marín dispuso la suspensión provisional de la licencia otorgada por la secretaría  de Medio Ambiente al Consorcio Minero Dominicano S. A.,  hasta que sea interpuesto un recurso que busca la suspensión definitiva del permiso.

 Con expresiones de  júbilo y algarabía la comunidad de Gonzalo  recibió ayer  la noticia de que el tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo ordenó la paralización de los trabajos para la instalación de una fábrica de cemento en las proximidades  del Parque Nacional Los Haitises.

    En su decisión, la magistrada Sarah Henríquez Marín dispuso la suspensión provisional de la licencia otorgada por la secretaría  de Medio Ambiente al Consorcio Minero Dominicano S. A.,  hasta que sea interpuesto un recurso que busca la suspensión definitiva del permiso.

La solicitud de medida cautelar fue incoada por el movimiento de trabajadores de las Comunidades Unidas Incorporadas y Espeleogrupo de Santo Domingo, el 20 de mayo pasado.

Principio de precaución.  En las motivaciones de la sentencia, la magistrada consideró “que  en materia ambiental el principio de precaución                                exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental                              grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que  ocurra”.

Explica que ese principio también llamado de ‘cautela’  exige la adopción de medidas de                            protección antes de que se produzca realmente el deterioro del medio ambiente, “operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y ante la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos”.

En ese sentido, también  citó el  artículo                                  8 de la Ley 64-00 sobre  Medio Ambiente y Recursos Naturales  en el que se precisa que   “…No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como                                razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades                                que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de                          precaución”.

Estudios.  Al señalar algunas motivaciones de las  partes envueltas en el proceso, la sentencia hace referencia a los  mensajes emitidos por la Conferencia del Episcopado, la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados,  que refieren en sus razonamientos las bondades de Los Haitises como zona de recursos hídricos.

“La justicia se vistió de gala con ese fallo”

El doctor Juan Bautista Agramonte, en nombre de los ambientalistas recurrentes, saludó la decisión del tribunal y admitió que dudaba que fueran favorecidos con un fallo como el emitido debido al poder mediatico que, afirmó, había detrás del proceso. Dijo que con la decisión ‘la justicia se vistió de gala’. En ese sentido también se expresó Alexander Mundarai del Campamento de protesta contra la cementera. Ambos coinciden en que mantendrán la lucha para lograr que el permiso sea suspendido de manera definitiva. 

 Mientras  Robert Martínez Vargas, abogado del Consorcio Minero, anunció que recurrirán la decisión ante la Suprema Corte de Justicia y de manera inmediata suspenderían los trabajos. Dijo que la sentencia les arroja pérdidas, porque han invertido más de RD$100 millones.