El Juzgado de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata emitió una orden de alejamiento contra el pelotero Wander Franco, a favor de la supuesta víctima, la menor de 15 años de edad con la que, según el Ministerio Público, el Grandes Ligas tuvo una relación íntima.

La petición la hizo la parte querellante y fue acogida por el juez Romaldi Marcelino Henríquez, quien el pasado viernes impuso a Franco, como medida de coerción, el pago de 2 millones de pesos en efectivo y presentación periódica y a la madre de la menor, a quien le fue impuesto el arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

«Le queda prohibido al imputado Wander Samuel Franco Aybar, acercarse a esta a una distancia de 100 metros, molestarla, perseguirla, asediarla y frecuentarla por cualquiera de las vías existentes, incluida la telefónica», dice el documento.

El Ministerio Público, que en audiencia estuvo representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Marcos Wilkin’s Díaz, imputa de manera provisional a Franco por la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 396 Literal C, 25, 409 y 410, el Principio V, de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección de los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

En cuanto a la madre de la menor, órgano persecutor la imputa por la violación a los artículos 25, 409 y 410 y V de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La investigación, que aún está en curso, la encabeza la Fiscalía de Puerto Plata, representada por su titular Kelmi Duncan; con el apoyo de directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público,  Olga Diná Llaverías,; Luisa Marmolejos, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales; Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los miembros del órgano persecutor Michael Núñez, Dilsia Taveras, Luis Martínez y Claudio Alberto Cordero Jiménez.