El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional,  Román Berroa Hiciano, dispuso  ayer impedimento de salida del país contra Marcos Lara, ex director del Programa de Reducción de Apagones (PRA) acusado de corrupción.

Lara, además, deberá presentarse periódicamente ante un tribunal.

El magistrado Berroa Hilario dispuso que Lara se presente cada cierto tiempo ante las autoridades del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), organismo que instrumenta la acusación.

Contra Lara también pesa una imputación sobre nepotismo en el PRA.

El tribunal dará a conocer la medida adoptada contra Lara la próxima semana. La audiencia de la instrucción fue celebrada a partir de las 9:00 de la mañana.

El ministerio público quiso que a Lara se le impusiera una medida de coerción diferente, consistente en  una garantía económica por un monto de RD$3 millones, más la prohibición de salida del territorio nacional.

 Mientras la situación jurídica de Lara era decidida en la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, un grupo de personas apostadas frente a la Fiscalía vociferaba que el ex funcionario no es un hombre corrupto y que la comunidad cristiana a la que pertenece lo respalda al saber de la humanidad de su trabajo en beneficio de residentes de la zona Norte de la capital. Julissa Domínguez, del Movimiento Carril de Bendición, y Nicolás Concepción, de otra entidad cristiana, indicaron que Lara fue víctima de un abuso dentro del PRA. Expresaron que como dirigente comunitario se dedicó a ayudar a familias de los sectores La Ciénaga, Gualey, y 27 de Febrero, de donde acudieron a respaldarlo.