Tribunal intima Ministerio Público presente acusación

Tribunal intima Ministerio Público presente acusación

El Ministerio Público (MP) fue intimado ayer para que presente la acusación contra el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y demás implicados del caso Coral.

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio un plazo de 15 días a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para presentar acusación definitiva.

El pasado lunes venció el plazo de dos meses de prórroga que el tribunal otorgó a la Pepca para completar la investigación.

Tras conocer la intimación, Wilson Camacho, director de la Pepca, dijo trabajan para presentar acusación, lo que harán en el plazo que otorgó el juez.

Nuevos implicados

El procurador adjunto Camacho aseguró que habrá nuevos implicados, tanto personas jurídicas como naturales, involucradas en en el caso Coral y que al final el país verá que el MP presentará la estructura completa que participa en la “red de corrupción”.

Cáceres es acusado de aprovechar su cercanía al poder político durante los gobiernos de Danilo Medina, para crear una presunta red de corrupción para distraer fondos públicos.

Están sometidos además Rossy Guzmán y su hijo el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro Montero y el teniente Alejando Girón.

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Antecedentes

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.

El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente
con el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país,
valorados en millones de pesos.

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