POR RICARDO RODRIGUEZ R.
SANTIAGO.- El Segundo Tribunal Colegiado solicitó a la Dirección Nacional de la Defensoría sustituir a dos de los abogados de los inculpados de asesinar a la joven Vanessa Ramírez Faña y los que condenó al pago de una multa.

Además de ser sustituidos, el tribunal condenó a José de los Santos Hiciano y a Guillermo García al pago de 10 y 5 salarios del que devenga un juez de primera instancia, respectivamente. Al mismo tiempo, los jueces enviaron para el primero de mayo próximo el reinicio de la audiencia, a fin de dar tiempo suficiente a los defensores sustitutos para que se familiaricen con el expediente acusatorio contra _ngelo Iván Ventura Herrera, Francis de Jesús García, Ricardo Alejandro Reyes Martínez y Amaury Germán Tavárez.

El tribunal colegiado presidido por Herminia Rodríguez y completado por Yovanny Mercado y Osvaldo Castillo, tomó las medidas en contra de Hiciano y García, en vista de que los defensores habían decidido la noche del jueves no hacer uso de la palabra en el proceso, lo que fue interpretado por como un abandono de sus responsabilidades.

Situación similar se produjo en el proceso de instrucción del expediente, decidiendo el juez Miguel de Jesús Parache condenarlo al pago de una multa que al día siguiente dejó sin efecto tras llegar a un acuerdo con los defensores.

En esta ocasión tanto el Ministerio Público como el actor civil habían solicitado a los jueces que consideraran que la parte contraria había abandonado a los imputados y que le aplicaran lo que establece el artículo 135 del Código Procesal Penal, lo que fue aceptado.

A pesar de que en tres fechas anteriores se agotaron casi 25 horas de deliberaciones el tribunal no ha podido comenzar el proceso de fondo, debido fundamentalmente a los contínuos incidentes procesales presentados por la defensoría pública. La fiscal adjunta, Jenny Berenice Reynoso y la parte civil, representada por Lorenzo Fermín y Stanly Hernández, apenas pudieron la noche del jueves presentar formal acusación contra los imputados, sin que se pudiera avanzar más allá.

La actitud asumida en el juicio por los abogados defensores fue rechazada ayer por los padres de Vanessa, los doctores Juan Ramírez y Rosi Faña quienes, en un documento distribuido a la prensa en el mismo tribunal, dijeron sentirse indignados «con la actitud de irrespeto de los abogados de la defensoría pública».

En la misiva definen a los cuatro inculpados como «un grupo de delincuentes que si bien tiene el derecho de ser defendidos, entendemos que esta defensa debe ser ética, apegada a la verdad y a la demostración de su presunta inocencia».

«No hay respeto para las víctimas ni para los testigos que están presentes interminables horas, dejando sus trabajos y responsabilidades para colaborar como ciudadanos, por lo que no cabe otro razonamiento que no sea que ellos están jugando a agotar a los testigos», puntualizaron.

Los padres de Vanessa se mostraron partidarios de que se produzca un movimiento civil «para que se le ponga coto a esta situación y que las autoridades pertinentes hagan pronunciamientos para que no se siga perjudicando la confianza de todos los dominicanos en la justicia».

De su lado, el licenciado Lorenzo Fermín, representante de la familia Ramírez Faña en el proceso, calificó como «una actitud irresponsable, dilatoria y chicanera», la asumida en todo el proceso por Hiciano y García, lo que estimó no debe seguir siendo la práctica usual en su ejercicio profesional.

«La decisión asumida por los jueces es valiente y habrá de sentar un precedente no sólo para el caso que nos ocupa, sino para otros procesos, porque se está convirtiendo en algo normal el que los defensores públicos se dediquen más a dilatar los procesos que a hacer un verdadero trabajo en beneficio de sus representados», agregó.

SE DEFIENDEN

Por su parte, Hiciano y García dijeron que su posición, en torno a la manera en que han representado a los imputados, es firme y dijeron creer que han hecho lo correcto.

Consideraron que los pretextos esgrimidos por el tribunal para condenarlos son falsos, porque en ningún momento abandonaron sus responsabilidades como consideraron los jueces.

Adelantaron que continuarán promoviendo la declinatoria del caso hacia otra ciudad por sospecha legítima y seguridad pública, así como la recusación de los jueces, siempre por mandato de sus representados.

Hiciano y García garantizaron que no acatarán la decisión del tribunal y que continuarán representando a los inculpados «porque es un abuso la decisión que esos jueces tomaron y en nosotros es que nuestros clientes confían para que los asesoremos».

Acusaron al tribunal de pretender que se designen defensores públicos preferidos para los jueces, no para los imputados, quienes tienen derecho para elegir sus abogados.