Un tribunal de este distrito judicial impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una pareja de esposos canadienses acusados de cometer delitos sexuales contra dos niños de nueve y once años de edad.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente acogió los argumentos del Ministerio Público contra Adam Eric Pepper, quien deberá cumplirlos en la cárcel pública de La Vega, mientras que a su pareja, Tracce Lynne Plett y/o Treisy Pepper, la envió a arresto domiciliario por igual período, con un grillete electrónico.
Además, el tribunal declaró el caso de tramitación compleja.

Pepper y Plett, ambos de 35 años, fueron sometidos a la justicia en el transcurso de una investigación iniciada a raíz de denuncias recibidas el pasado día 8 de abril por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esta localidad.

Según el Ministerio Público, durante las pesquisas se han obtenido evidencias que vinculan a los imputados con hechos de agresión sexual, amenaza, pornografía infantil y delitos electrónicos en perjuicio de un niño de nueve años y una niña de 11, cuyos nombres se omiten por razones legales.

La madre del niño se percató de los hechos a través de un celular que le regaló Pepper, el cual contenía un vídeo donde se observaba a este imputado tocar los genitales del menor.
La instancia de solicitud de medida indica que el hombre amenazaba a la víctima y le decía que si informaba de lo acontecido iba a caer preso.

En tanto que su pareja también tocaba al niño y lo ponía a tocar a la niña, para grabarlos.
La fiscal titular de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, dijo que las investigaciones por agresión sexual arrojaron las evidencias documentales, periciales, materiales, ilustrativas y testimoniales que vinculan a los esposos a la pornografía infantil y a delitos electrónicos.

El Ministerio Público destacó que con la medida de coerción se garantiza que los imputados no se sustraigan del proceso, ya que en su caso se podría advertir el peligro de fuga por la gran cantidad de evidencias.

El órgano de justicia le asigna al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos sobre el Código para la Protección de Niños y Adolescentes.