El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó hoy la prisión preventiva en contra de todos los imputados en el caso Operación Coral, que involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre.

La decisión, adoptada por la jueza Keila Pérez Santana, fue rechazada de inmediato por los abogados de la defensa, quienes calificaron de injusta la medida e indicaron que la magistrada actuó por presión.

«Aparentemente el sistema judicial sigue secuestrado por las presiones del Ministerio Público y, aparentemente, los jueces siguen temerosos, no sabemos de qué, al momento de tomar la decisión», expuso Francisco Domínguez Abreu.

Agregó que no es posible que se siga «secuestrando» la ley y que se continúe manteniendo un estado de prisión que a su juicio es ilegal.

En tanto que Francisco Camacho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), indicó que el proceso judicial en contra de los imputados ha resultado «imbatible» para la defensa.

Agregó que hasta este momento la defensa no ha podido presentar un argumento que pueda afectar el caso del Ministerio Público.

«Y sobre todo, tratándose de una revisión de una medida de coerción, no han presentado un solo presupuesto que hiciera pensar ni siquiera someramente en la posibilidad de que se variara la coerción.

Además del mayor general Cáceres, exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, también están implicados la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, así como Alejandro José Montero Cruz, sargento de la Armada.

De igual forma, el mayor del Ejército Raúl Girón, a quien la jueza también le ratificó la prisión domiciliaria.