Tribunal rechaza acción de plataforma digital oferta préstamos a un 365% anual

Tribunal rechaza acción de plataforma digital oferta préstamos a un 365% anual

La directora de Proconsumidor, Anina Del Castillo.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó hoy una solicitud de medida cautelar elevada contra el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), por la firma de microcréditos Vivus, que «pretendía operar sin contrato registrado y librarse del pago de una multa equivalente a cien salarios mínimos».

En una nota de prensa, Pro Consumidor explicó que la plataforma digital, que oferta préstamos “fáciles y rápidos” a tasa de interés que al ser anualizada alcanza el 365%, sumado a otros «cargos sombras», fue sancionada por esa entidad al operar con un contrato de adhesión que no ha sido debidamente registrado, «porque contiene cláusulas abusivas en perjuicio de los ciudadanos».

Señala que la empresa prestamista impugnó la resolución No. 744-2016 de Pro Consumidor, alegando que la misma no había registrado su contrato pese a que lo había sometido válidamente y que tampoco esa institución tenía potestad para aplicar multas administrativas.
Agrega que al evaluar la situación, el tribunal rechazó la petición de Vivus, considerando que en ese caso debe primar la protección del interés colectivo implícita en la decisión de Pro Consumidor, a la vez que declara que la facultad sancionatoria de dicha institución ya ha sido objeto de fallos favorables por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Asimismo, el tribunal determinó que la obligatoriedad de registrar los contratos de adhesión es un mandato de la ley de Pro Consumidor y que la sanción a su incumplimiento también responde a esquemas válidos.

El tribunal ponderó que “en la especie el servicio público tiene como finalidad la protección al consumidor dominicano, lo que lo torna de alto interés general para toda la comunidad su protección.”

Al divulgar el contenido de la sentencia, la directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, reiteró su alerta a las personas sobre el riesgo que corren ante ofertas de préstamos cuyas bases, condiciones y contenidos no sean suficientemente explícitos para la toma de decisión adecuada y la necesaria protección de sus intereses económicos.