El Tribunal Superior Administrativo rechazó el recurso de amparo presentado por la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y la Asociación de Bancos Comerciales (Aba) en contra de la norma 13-2011 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que obliga a las entidades financieras a retener el 1% de los depósitos bancarios de las empresas.

Los jueces, encabezados por la magistrada Sarah Henríquez Marín, determinaron  que la norma no puede considerarse violatoria de los derechos fundamentales de razonabilidad e intimidad del secreto bancario consagrado en la Ley 183-02.

 En sus consideraciones explican que para  el juez de amparo acoger un recurso es necesario que se haya conculcado o violado un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República o los tratados internacionales “…se ha podido comprobar que no existe violación a los derechos fundamentales alegados por los accionantes, por lo que este Tribunal Superior Administrativo procede a rechazar, en sus atribuciones de tribunal de amparo, la acción interpuesta…”.

Tras la decisión, el abogado de la Asociación de Bancos Comerciales (Aba), Eduardo Jorge Pratts,  dijo que los bancos, las asociaciones de ahorros y préstamos y las demás entidades de intermediación financiera están consternados por la decisión del Tribunal Superior.

Señaló que al declarar que no se han violado derechos fundamentales se pone en juego la estabilidad del sistema monetario y financiero del país, porque todas las informaciones con respecto a los clientes corporativos les serán entregadas a la DGII, a pesar de que la Ley Monetaria y Financiera establece el secreto bancario.

Dijo que en lo adelante se producirá una estampida de ahorros de los bancos. “Es un duro golpe al estado de derecho”, expresó.

 Recurrirán ante SCJ.  En un comunicado oficial, la Aba anunció que en los próximos días someterá un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia “con la seguridad de que la justicia habrá de prevalecer reconociendo el orden constitucional y legal en que se enmarca el sistema bancario y financiero de República Dominicana”.  

Comunicó  a los clientes del sistema bancario y a la opinión pública en general que no cesará en su propósito de lograr que prevalezca el estado de derecho respecto a la ilegal norma de la Dirección General de Impuesto Interno (DGII), que impone la retención del 1% de los intereses pagados por las instituciones financieras a las personas jurídicas.

Expresó que pese a que en el Tribunal  Superior Administrativo –vía por la cual los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos interpusieron un recurso de amparo- quedó claramente demostrado que la decisión de la DGII es violatoria del Código Tributario, la Ley Monetaria y Financiera, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y la Constitución, la Primera Sala de la instancia judicial falló a favor de la oficina recaudadora.

Calificaron la decisión como  un  traspié en el ejercicio del buen derecho y contraria a principios constitucionales.

  El 30 de septiembre pasado el Tribunal suspendió la medida de manera provisional, hasta tanto se produjera la decisión evacuada en el día de ayer.

Los abogados de Abba habían pedido al tribunal declarar nula la norma y que la misma fuera ejecutoria no obstante a la presentación de cualquier recurso.

También pidieron al tribunal condenar a la DGII al pago de un astreinte de 50 mil pesos por cada día que transcurra sin que se ejecute la sentencia.

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Habían suspendido

En septiembre pasado, el Tribunal había suspendido la ejecución de la norma de manera provisional, hasta tanto se pronunciara de manera definitiva sobre el recurso de amparo incoado.

Traspié al buen derecho

La Aba calificó la decisión como un traspié en el ejercicio del buen derecho y como una decisión contraria a principios establecidos en la Constitución.