El Tribunal Superior de Tierras se declaró incompetente para conocer la demanda en suspensión de los efectos jurídicos del decreto 186-15 que ordena la venta de terrenos dentro de la parcela 215-A, del Distrito Catastral número 3 del municipio Enriquillo, Barahona, incoada por Aquilino Valdez Basarte.

La jueza Lusnelda Solís Taveras tomó la decisión tras rechazar las conclusiones sobre la excepción de incompetencia planteada por el demandante, y acoger las del Ministerio Público que argumentó que por tratarse de un decreto emanado del Poder Ejecutivo, la demanda en referimiento debe ser conocida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Entre sus argumentos, la magistrada Solís Taveras dijo que la Ley Inmobiliaria no trae dentro de su competencia “conocer y decidir sobre un acto que emana del Poder Ejecutivo y que verse sobre los actos de la administración y función pública”, porque ante la jurisdicción Inmobiliaria “las acciones y procedimientos se incoan contra el inmueble”, no contra actos administrativos de otros poderes del Estado.

Agregó que además, en materia de referimiento la norma impone ciertas condiciones de admisibilidad.

Indicó que el artículo 170 del reglamento de los tribunales Superiores de Tierras y de la Jurisdicción Original, establece que los poderes del presidente del Tribunal Superior de Tierras “se circunscriben a conocer Recurso de Apelación contra la ordenanza de referimiento dictada por un juez de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria, suspender la ejecución de la ordenanza recurrida, o ejercer los poderes que les son conferidos por la ley con motivo de su ejecución provisional”, lo cual dijo, no es el caso.

Al demandante Valdez Basarte, quien estuvo representado por el abogado Zacarías Porfirio Beltré Santana, se adhirieron varios intervinientes voluntarios, representados por el licenciado Ramón Emilio Hernández Reyes.

La representación del Estado dominicano la ostentó el procurador general Francisco Domínguez Brito, y otros reconocidos abogados.