El presidente de EE.UU., Barack Obama, recibió ayer un nuevo revés judicial de manos de un tribunal de apelaciones, que decidió mantener la suspensión temporal que impide aplicar el alivio migratorio que el mandatario anunció hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.

El primer golpe encajado por Obama se produjo en febrero, cuando el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de las medidas, horas antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa.

La decisión de ayer de mantener la suspensión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana), una de las más conservadoras del país, supone un nuevo golpe para Obama, al que los republicanos acusan de haber propugnado una “amnistía” con medidas “inconstitucionales” sobrepasando su poder como presidente.

En declaraciones a Efe, un portavoz del Departamento de Justicia consideró “decepcionante” la decisión de la Corte, aunque aseguró que las acciones ejecutivas del presidente son “coherentes” con la ley y con la Historia, pues “durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias».

“El Gobierno no tiene posibilidades de tener éxito en esta apelación, negamos la moción”, determinó, no obstante, la corte de apelaciones en un escrito de 68 páginas, al que tuvo acceso Efe y en el que el tribunal se niega a intervenir en un asunto sobre el que el Congreso no ha llegado a un acuerdo.

Precisamente, el Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir unas acciones ejecutivas en noviembre para frenar las deportaciones. Contra esta decisión, el Gobierno de EE.UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

La decisión judicial ha despertado la indignación entre grupos proinmigrantes, que urgieron ayer al Gobierno a elevar el tono y llevar la batalla legal al Tribunal Supremo. “Hacemos un llamamiento al Departamento de Justicia para que continúe con sus esfuerzos”, destacaron.