Hoy 
POR DONALD ROWLAND
Fondos Públicos en el Barril sin Fondo de la Política
El tema obligado que sirvió de fondo de conversación en los más disímiles círculos sociales, políticos y económicos del país durante la semana que recién finaliza fue sin dudas, el de la ola de violencia que azota y atemoriza prácticamente a toda la población dominicana.
Esta agravada situación de inseguridad ciudadana deja poco espacio para la reflexión sobre otros asuntos de importancia, como el de la campaña política y los fondos públicos que por ley se les otorga a los partidos políticos, cuya incidencia es de vital interés para el derrotero futuro de la Nación.
Esta controvertida ley que viene a ser como una vena sangrante abierta en el costado del exiguo cuerpo de nuestra economía, sigue levantando voces de disentimiento en la medida en que se desarrollan las campañas hacia las elecciones de medio término y se aprecia el derroche de dinero que llevan a cabo los distintos partidos y candidatos sin el más mínimo trazo de fiscalización o supervisión del organismo que se supone rector de estas actividades.
Las voces de disentimiento se alzan más altas cuando uno se entera de que en el último trimestre del año pasado, mucho antes de que la Junta Central Electoral dejase abierto el período oficial para la campaña electoral de medio término, ya los partidos han gastado, de acuerdo a un estudio llevado a cabo por Participación Ciudadana, una apreciable suma de dinero que ronda los 47 millones de pesos solo en publicidad a través de los medios masivos de comunicación.
No son pocos los ciudadanos que, ante este derroche de dinero, aun se preguntan de donde surgió la idea de que a los partidos políticos se les debía aportar recursos económicos del erario público para sus labores. Muchos son los que ignoran que el Centro Carter y su Consejo de Ex-Presidentes y Primeros Ministros de las Américas han sido los principales promotores y soportes de esta medida en todo el hemisferio.
El referido Consejo declara que el sistema de fondos mixtos con un sustancial componente público es recomendable. Los fondos públicos, dice, deben ser provistos como sustituto de o complementarios de las donaciones privadas en todas las etapas del proceso político. Los fondos públicos para las campañas y las actividades partidistas en curso deben ser destinados mediante una mezcla de reglas proporcionales y subsidios fijos a todos los partidos que cumplan criterios razonables.
Estos aclaran, no obstante, que las grandes donaciones deben ser limitadas, y las pequeñas, que el común de los ciudadanos pueda soportar, deben fomentarse, quizás mediante el ofrecimiento de créditos en los impuestos.
El financiamiento público a las campañas electorales, sin embargo, no puede ser discutido de manera significativa sin referencia a los límites en el gasto, ha expresado este mismo Consejo.
Aunque muchos pudieran pensar que esta práctica es exclusiva de nuestro país, lo cierto es que las conclusiones de un trabajo llevado a cabo por Steven Griner y Daniel Zovatto, auspiciado por la OEA y la International IDEAS, titulado FROM GRASSROOTS TO THE AIRWAVES: Paying for Political Parties and Campaigns in the Caribbean (DE LA BASE PARTIDARIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Pagando a los Partidos y las Campañas Políticas en el Caribe) indican que el sistema sigue siendo impulsado aun en los países anglófonos del Caribe.
Las conclusiones del estudio señalan, no obstante, que las propuestas de financiamiento de las campañas con fondos públicos, en forma pura o híbrida, ha encontrado tibias respuestas en todos los lugares en que ha sido seriamente debatido. La mayoría de los que se oponen a los fondos públicos están preocupados por el uso de los recursos escasos, que entienden deben ser dedicados a aliviar la pobreza y a enfrentar otras necesidades básicas, en lugar de financiar a los partidos políticos, especialmente aquellos considerados éticamente cuestionables.
Estos argumentan también que los Estados del Caribe no cuentan con la capacidad técnica ni administrativa para auditar y regular el uso de tales fondos, los cuales temen que en la práctica sean empleados en actividades cuestionables y ganancias personales. Se teme, además, que los partidos gobernantes capten y manipulen los cuerpos regulatorios convirtiéndolos en sus vacas lecheras. Esta ansiedad se manifiesta particularmente honda en culturas políticas donde la confianza, la transparencia, y la aplicación de la ley no son la norma, y donde las élites explotan al Estado y tratan a sus reglas con impunidad.
Lo triste del caso es que mientras por esos países se sigue discutiendo la conveniencia o no de conceder fondos públicos a los partidos y a las campañas políticas, aquí en nuestro país estos siguen comiendo con su dama y dejando ver sus jugadas mediante un incontrolado derroche de esos recursos a través de todos los medios de comunicación de masas disponibles.
