Donald Rowland Francis 
La puesta en vigencia de determinadas campañas de publicidad en las últimas semanas ha despertado un sentimiento de solidaridad en ciertos segmentos de la población, principalmente el femenino, cuyos mensajes son considerados ofensivos a ese género.
La inquietud se une al interés de otros muchos sectores de la sociedad preocupados por los mensajes que consideran negativos, engañosos, falsos y hasta nocivos para el buen desarrollo de los jóvenes.
Se hace necesario dar impulso a un estatuto regulatorio de estas actividades. Los intentos han sido múltiples y variados. En ocasiones por iniciativa de un determinado congresista con algún interés particular en su gestión. En otras por los propios publicistas agrupados en la hoy ADECC (antigua LIDAP), también por uno u otro medio de comunicación.
A pesar de todas las propuestas sometidas, no ha sido posible consensuar, mediante una oportuna socialización de sus propósitos y alcance, una verdadera adecuación de la ley 6132 aún vigente y su reglamento 824 a las exigencias mediáticas del Siglo XXI, con todos sus nuevos paradigmas de la era de la tecnología de la información y sociedad del conocimiento y la comunicación.
Se recuerda la propuesta de Código de la Comunicación precedido por los anteproyectos Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación y Ley General de Espectáculos Públicos, dos de las cinco propuestas entregadas al ex-Presidente Leonel Fernández por una comisión especial para reformular la ley 6132. La solución requiere aunar voluntades para la obtención de un objetivo tan claro y conveniente para todos, como es el de alcanzar un ordenamiento y un respeto a las leyes en el uso de los medios de comunicación, similar a como acontece en la mayoría de los países de América Latina y del mundo.
