Nunca ha sido secreto para ningún dominicano que las campañas políticas han sido financiadas tradicionalmente con los aportes económicos suministrados en su gran mayoría por los empresarios. Esa práctica parece que a corto plazo tiene sus días contados ante el anuncio hecho por el presidente de la Junta Central Electoral  (JCE), Roberto Rosario, en el sentido de que los recursos que aporten  grupos empresariales  o instituciones extranjeras a los partidos son ilícitos e irregulares ya que está prohibido por la ley. Esta decisión, evidentemente, pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de un considerable número de partidos y agrupaciones políticas del país.

La legislación en cuestión es una innovación en nuestro país, pero en la mayoría de los países desarrollados esta norma es común y corriente. A pesar de ello, en los Estados Unidos por ejemplo, la misma ha sufrido cambios  a través del tiempo. La última propuesta de enmienda en ese sentido fue auspiciada por el presidente Obama, y busca revelar la identidad del contribuyente al partido en la publicidad pagada por este.

Ante la realidad de una estricta aplicación de esta ley, los partidos tendrán  que llevar a cabo una reingeniería en sus planes y proyectos de gestión mercadológica. Apartarse de los métodos ya obsoletos de  promover a sus candidatos mediante multitudinarias concentraciones de seguidores, aplicando estrategias y técnicas de comunicación de estos tiempos.

A todas luces, ante la decisión de la JCE al dar vigencia a esta ley habrá de establecer un antes y un después en la práctica política en el país. Una estricta aplicación de esta medida de seguro provocará un sentimiento de nueva esperanza en la inmensa mayoría de los contribuyentes, que han visto caer sus dineros en saco roto durante los últimos decenios de campañas políticas.