Hoy 
Para nadie es un secreto que la campaña política para la elección del Presidente de la República 2012-2016, será un escenario ideal para que los estrategas de comunicación publicitaria y propagandística recurran al amplio arsenal con que cuentan para proyectar negativamente la trayectoria y las ejecutorias de cada uno de sus respectivos candidatos, durante su dilatada carrera política.
El uso descontrolado de la denominada campaña sucia en la política, es un recurso cada vez más apetecido por los diseñadores y creativos de este tipo de campaña y en el caso dominicano es un riesgo que se ve venir, cuyas consecuencias pudieran ser de efectos devastadores para el sostenimiento del clima democrático que ha vivido el país en las últimas décadas.
La responsabilidad de prevenir el desbordamiento de pasiones que pudiera generar la adopción sin reglas de este recurso, válido hasta cierto punto para determinadas sociedades, descansa fundamentalmente en las gestiones que lleva a cabo la Junta Central Electoral para impulsar la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, cuyo proyecto viene haciendo un periplo sin aparente destino, desde el acuerdo que en ese sentido firmaran en mayo del 2009 los presidentes del PLD y PRD, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, respectivamente.
La campaña sucia en política se caracteriza porque, en sentido general, su puesta en práctica procura dañar la imagen del candidato contrario, lanzando en su contra anuncios atacando la personalidad, el historial o tratando de ridiculizar las opiniones que este ha emitido en ocasiones anteriores. Para ello se pone en práctica la técnica del ataque y el contraste de una manera poco ética y alejada de toda norma de caballerosidad.
El equipo de comunicaciones de cualquier candidato que compita en una campaña política debe estar preparado para asumir la campaña sucia como una situación de crisis, pasible de perjudicar la buena imagen de su postulante, en razón de que un manejo inadecuado de la misma pudiera dar al traste con las aspiraciones de un prometedor aspirante a la primera posición del Estado.
En las democracias occidentales existen sectores opuestos a establecer cortapisas a la libre expresión del pensamiento, por aquello de la libertad que debe existir en las sociedades para la confrontación de las ideas, no importa la naturaleza de las mismas. En cuanto a nuestro país, el concepto debe ser revisado en función de que para las próximas elecciones se avizora un panorama de peligrosa radicalización en los seguidores de las dos fuerzas políticas mayoritarias.
