Unas cuentas décadas atrás poseer una tarjeta de crédito representaba para el tarjetahabiente  el disfrute de altos niveles de prestigio social y de reconocimiento público. Era la época en que solo las personas de altos ingresos, los económicamente privilegiados en la sociedad podían tener acceso a ese instrumento facilitador del consumo.

Hoy la situación es completamente distinta. El sistema bancario dominicano y sus empresas emisoras cuentan con una matrícula de alrededor de dos millones de tarjetahabientes, los cuales en su conjunto han generado la respetable suma de $9,712 millones de pesos en el periodo enero 2012.

Son claras para el usuario, en todas partes del mundo, las ventajas logradas con la democratización en la tenencia de este instrumento de pago. La tarjeta de crédito llamada también “dinero plástico” permite comprar con ella aun no teniendo disponibilidad en la cuenta en ese momento. Da acceso a operaciones comerciales tanto a nivel nacional como internacional. Reduce el riesgo de cargar con dinero en efectivo en este tiempo. Amén de poder pagar servicios como el teléfono, el cable, el celular y aprovechar ofertas y precios especiales de productos y servicios.

Esas facilidades y ventajas, sin embargo, encierran una serie de escollos cuando su manejo se hace de manera poco prudente y sin el más mínimo comedimiento. Su uso indiscriminado conlleva a la pérdida del control de los gastos y la acumulación de deudas con pagos de altos intereses al banco emisor.

Generalmente, la forma de pago se hace fraccionada pagando la deuda a plazos mediante una cuota fija mensual o un porcentaje mínimo del 3 al 5 por ciento mensual sobre el saldo total aplazado.

En estos casos los intereses rondan el 1% de la tasa anual equivalente (TAE).