Hoy 
POR DONALD ROWLAND
Los riesgos a que se enfrenta la propiedad intelectual y comercial en el entorno de los negocios y del mercado tanto local como internacional parecen ser proporcionalmente inversos al desarrollo de los recursos tecnológicos a los que tienen acceso los individuos que gustan robarse los resultados del talento y la laboriosidad de otras personas.
La facilidad de acceso a esos recursos unido a la reducción de las barreras comerciales mediante la estructura puesta en escena por la Organización Mundial del Comercio y a las debilidades y la vulnerabilidad de las leyes creadas para su protección, han promovido la piratería global de todo tipo afectando los intereses de los creadores, desarrolladores, propietarios y fabricantes y provocándoles pérdidas que se estiman en el orden de billones de dólares anuales a escala global.
La recurrencia de las quejas ante los organismos competentes y de los sometimientos a la justicia que continuamente hacen las empresas e instituciones en defensa de sus marcas, patentes de propiedad legal, derechos de autoría, diseños y propiedad intelectual, hacen pensar que esto de la piratería se ha convertido en un deporte cuyas reglas de juego son violadas continuamente en perjuicio solo del equipo que juega limpio.
En este mundo globalizado el riesgo de ser pirateado no tiene fronteras, convirtiendo a países como el nuestro, en consecuencia, en caldo de cultivo por excelencia para la práctica de este perjudicial modelo de transgresión a las normas más elementales de competencia comercial.
A pesar de que en la práctica la imposición de estos derechos legales encuentra en ocasiones un camino lleno de dificultades, desesperanza, y a veces hasta de impotencia, solo el conocimiento pleno de los organismos que velan por su cumplimiento y de los mecanismos de protección de estos derechos, unido al entendimiento de los principios básicos de los diferentes tipos de protección a la propiedad intelectual que existen, podrían minimizar los efectos negativos de esta práctica, tan dañina y perjudicial para el ejercicio legal del comercio local e internacionalmente.
Los últimos datos aportados por la Business Software Alliance (BSA) con respecto al estudio de la piratería en el sector de software para PC, llevado a cabo en el año 2005, no deja lugar a dudas en cuanto a que esta práctica sigue en auge en nuestro país. Los resultados del estudio señalan que el nivel de piratería registrado en el país en 2005 es el mismo de 2004, pero las pérdidas de software por esa razón se duplicaron, al pasar de US$4 millones a US$8 millones entre un año y otro.
Esto significa que las tres cuartas partes de los software de computadoras que se instalan en el país son pirateados, lo cual coloca la tasa de piratería en República Dominicana en 77%, ubicando al país por encima del promedio que se verifica en toda el área de Latinoamérica, en donde creció apenas dos puntos porcentuales, alcanzando el 68% y generando pérdidas para la industria superior a los 2 mil millones de dólares.
El otro sector de negocios que ha pegado el grito al cielo con el accionar de los piratas de la intelectualidad es el del incipiente esfuerzo que se viene haciendo para desarrollar la industria cinematográfica, el cual se ha visto seriamente perjudicado por la venta ilegal del producto final de varias de las últimas películas producidas en el país.
Los realizadores e inversionistas de productos terminados tan exitosos como la película Un Macho de Mujer, entre otras, han sido perjudicados por esta práctica afectando sus intereses en la parte donde más duele: el bolsillo, al colocar en el mercado una indeterminada cantidad de copias fácilmente adquiribles por la población, debido a la desleal competencia en precio que estos pueden ofertar como consecuencia del bajo costo en sus ilegales operaciones.
Pienso que ha llegado el momento de que las autoridades del gobierno, con todo el poder congresional y municipal que le ha otorgado ahora la población como resultado de las recién terminadas elecciones de medio término, inicien las gestiones legales pertinentes para poner freno a un ejercicio, que además de perjudicar económicamente a los interesados, proyecta una imagen negativa del país, frente a los potenciales inversionistas extranjeros que quieran incursionar en este renglón de negocios.
