En su cíclico periplo de tantos años, la famosa ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento vuelve a levantar esperanzas. Nueva vez en voz del Presidente Leonel Fernández, quien durante el merecido reconocimiento que hiciera el pasado mes de diciembre al Dr. Rafael Molina Morillo, uno de los grandes iconos del periodismo dominicano, manifestó que la ley sería sometida al Congreso Nacional en el recién iniciado año 2011.

Tal como hemos expresado  antes la industria de la comunicación en todas sus variantes ha adolecido de un estatuto regulador que defina su accionar desde los tiempos en que se tocaron las campanas de la libertad, una vez superados los constreñimientos impuestos a su ejercicio durante la dictadura de Trujillo.

Desde ese entonces esta actividad parece haber entrado a un túnel infinito y la lucha por lograr una adecuada legalización y ordenamiento de sus funciones ha resultado infructuosa. Transcurrido ese tiempo se ha conseguido apenas una tímida modificación de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del pensamiento, cuyos enunciados siguen fuera del contexto de un tiempo caracterizado por el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación instantánea, la era del saber y el conocimiento con la proliferación de los mensajes y las redes sociales en el mundo de la comunicación virtual.

El anuncio hecho por el Presidente  Fernández en el sentido de que es de su interés que la misma antes de ser sometida al Congreso encuentre un espacio de amplia discusión y que por tanto los periodistas puedan hacer sus observaciones, abre una nueva y esperanzadora esfera de confianza en su aprobación final.

Además de los periodistas, sugerimos nosotros, deben estar involucrados en esas discusiones los propietarios de medios, los anunciantes y los publicistas, porque el proyecto contiene las leyes sobre audiovisual, radio y televisión, así como la publicidad.

La aprobación del  proyecto vendría a satisfacer un objetivo tan claro y conveniente para todos, como es el de alcanzar un ordenamiento y un respeto a las leyes en el uso de los medios de comunicación, similar a como acontece en la mayoría de los países de América Latina y del mundo.

Reiteramos que esta acción vendría a colocar a la industria en posición de reivindicar el valor de la publicidad, al tiempo de promover sus beneficios y recalcar el crítico rol que juega como fuerza vital que sostiene una sana economía. Cumple la función de base para la diversidad e independencia de los medios de comunicación en una sociedad de libre elección como la nuestra, al tiempo de estimular una mayor práctica y aceptación de un ejercicio publicitario y de comunicación comercial libre sano y auto-regulado.