No es de ahora que las campañas políticas en la República Dominicana son celebradas por todos los partidos como se dice popularmente “como chivo sin ley”, a pesar de que se ha contado por más de cuatro décadas con una serie de leyes, las cuales han sufrido tantos cambios como violaciones a las mismas han sido verificadas. 

Estas violaciones son más notorias en los aspectos referidos a la propaganda en campañas presidenciales. La primera gran violación y la que más molesta a los potenciales electores de todos los partidos, es la referida a la puesta en vigencia prematuramente del periodo de campaña electoral, cuyas directrices han sido generalmente  irrespetadas por todos los contendientes.

El artículo 88 de la Ley Electoral expresa que  “El período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos”. Según esta ley la proclama debe ser emitida, en esta oportunidad, en marzo del 2012.

Otra de las disposiciones raramente cumplidas es, si es que alguna vez se ha logrado hacerla cumplir, la referida a la obligación de que los medios de masas electrónicos de radio y televisión propiedad del Estado, concedan espacios gratuitos para la promoción de las candidaturas y programas a los candidatos inscritos y reconocidos por la Junta Central Electoral.

Asistimos ahora a una nueva modificación a la Ley Electoral. En este caso la reforma toca a un aspecto medular del ejercicio político en campañas electorales, como lo es el límite de gasto que los partidos o agrupaciones políticas puedan llevar a cabo, monto cuyo parámetro establece un nivel de 200 pesos por votos validos obtenidos en las elecciones previas. 

Nuestra esperanza y la de la inmensa mayoría de los dominicanos es que la aprobación y puesta  en vigencia de esta nueva reforma a la ley electoral, siempre y cuando se apliquen las sanciones condignas a los violadores de la misma, sitúe al país en el concierto de los más avanzados de Latinoamérica y del mundo, en materia de normativas, reglamentaciones y preceptos para una más civilizada competencia entre los entes políticos que aspiran a dirigir, aquí y allá, la “cosa pública”.