El vertiginoso desarrollo de la tecnología y sus múltiples aplicaciones para la comunicación, agrava una preocupación existente primordialmente en las sociedades del tercer mundo.

La preocupación resurge a raíz del incremento de la violencia intrafamiliar y de género habida en los últimos tiempos en el país y la falta de controles adecuados con respecto a la incitación que sobre este comportamiento se produce en los hogares dominicanos a través de la programación de esos diversos medios de comunicación.

La industria de la comunicación ha adolecido de un estatuto regulador que defina su accionar, adecuada legalización y el ordenamiento de sus funciones. A pesar de todas las propuestas sometidas, algunas válidas, otras descabelladas, no ha sido posible lograr una verdadera adecuación de la famosa ley 6132 y su reglamento 824 a las exigencias mediáticas del Siglo XXI.

Años atrás un grupo de especialistas en el tema colocaron en manos del Presidente de la República cinco anteproyectos de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación que por encargo del Jefe del Estado preparó una comisión de alto nivel creada mediante decreto del Poder Ejecutivo. El código estuvo precedido por los anteproyectos Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación y Ley General de Espectáculos Públicos, dos de las cinco propuestas entregadas al Poder Ejecutivo por la Comisión Especial para reformular la ley 6132, establecida con el decreto 04-07.

Todos estos esfuerzos no han producido los resultados deseados por la sociedad. Agravándose cada vez más la problemática, por la desidia y falta de responsabilidad de los padres al interior de sus hogares, que debe constituirse en el espacio primigenio para la solución del comportamiento desviado de la juventud, vital para alcanzar un futuro promisorio para toda la población.