La recurrencia en el tratamiento de temas fundamentales concernientes al desarrollo social, económico y político de nuestra nación, que deberían haber sido superados en el transcurso de las últimas décadas, parece ser el sino que marca nuestro singular derrotero como sociedad en permanente subdesarrollo.

En la presente semana se vuelve a colocar sobre el tapete de la opinión pública la famosa Ley 6132 y su reglamento 824, ante las exigencias mediáticas del siglo XXI, en esta era de la tecnología de la información y sociedad del conocimiento y la comunicación.

Es imposible obviar que la realidad del vertiginoso desarrollo de la tecnología y sus múltiples aplicaciones para la comunicación instantánea en tiempo real y virtual ha venido a agravar una preocupación existente primordialmente en las sociedades del tercer mundo, referido al uso de los medios, tanto los tradicionales, prensa, radio y televisión, como los de nueva generación, la Internet y sus múltiples variantes en las redes sociales de facebook, twitter, youtube, linkedIn, etc.

El abordaje de este tema tiene antecedentes tan relevantes como el esfuerzo que se produjo hace algunos años cuando un grupo de especialistas colocaron en manos del presidente de la República Leonel Fernández una propuesta de Código de la Comunicación con cinco anteproyectos de ley que por encargo del jefe del Estado preparó una comisión de alto nivel creada con este propósito mediante decreto.

El código de referencia estuvo precedido por los anteproyectos Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación y Ley General de Espectáculos Públicos, dos de las cinco propuestas entregadas al Poder Ejecutivo por la Comisión Especial para reformular la Ley 6132, creada mediante el decreto 04-07.

 Nuestra esperanza es que  lo que se apruebe finalmente se haga sobre la base de lo  propuesto y acordado al más alto nivel del Gobierno dominicano y los representantes del sector privado de la comunicación.