En materia del intercambio entre los agentes activos en la comercialización de los bienes y servicios ineludibles para la satisfacción de las necesidades de la población, es mucho lo pendiente por  hacer “que nunca se ha hecho” para conciliar los diversos intereses de esta dinámica económica.

En un país con un liderazgo indiscutible en cuanto al acceso a las más sofisticadas vías de comunicación virtual, no es de extrañar la preocupación de los directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), ante el reporte de Visa, en el sentido de que solo por vía de esa tarjeta de crédito se ha comprado online 737.7 millones de dólares, cifra que pudiera incrementarse a los 1,000 millones si se incluyera también las compras con las tarjetas Master Card y American Express.

La preocupación se orienta en dos vertientes. Un sentido comercial y de interés particular y otro de carácter social señalando la posibilidad de que los importadores por esta vía hayan dejado de pagar impuestos, entre arancel e ITBIS, por un monto global de US$265 millones.

El denominado “shopping” o compra y venta a través de la Internet significa una acción competitiva frente a los establecimientos y organizaciones instalados en nuestro territorio, los cuales deben cumplir cabalmente con las normas y las reglamentaciones que les imponen las leyes sobre la materia. Si bien existe la posibilidad de que este intercambio con empresas foráneas pudiera ser perjudicial para las empresas locales que venden artículos similares a los importados electrónicamente, no es menos cierto que estas operaciones también  involucran a empresas de “courier” intermediarias que operan en el territorio nacional.

La compra por Internet ha dejado de ser una tendencia convirtiéndose en  una realidad comercial gestionada en los mercados globales, afectando de tal modo las operaciones de libre comercio tradicionales que ya en el Ecuador se ha legislado para llevar el impuesto a la salida de divisas del 2% al 5% sobre el monto total de la operación.

Con el nuevo Gobierno del presidente electo Danilo Medina y la expectativa de la aplicación de una reforma tributaria integral, como lo exige el sector empresarial y productivo, es oportuno tomar en cuenta  “hacer lo que nunca se ha hecho” y ofrecer un trato de equidad en la aplicación de los aranceles y el impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS), a estas operaciones.