La función reguladora del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones se hace cada día más imperativa en la medida que el desarrollo de las tecnologías en este ámbito del quehacer humano se expande permitiendo un uso masificado de sus herramientas, adoptando nuevos usuarios a una velocidad antes inimaginable.

Pensar que hace tan solo 5 años atrás el país contaba con apenas 3.5 millones de líneas celulares y que hoy se pueda estar hablando de que se cuenta con una teledensidad cercana a los 10 millones de líneas en servicio, refleja claramente el gran salto dado en este sector de los negocios.

Esto amén de que a junio del presente año el Indotel anunció que los dominicanos con acceso al Internet superan los 3 millones de usuarios, un 32% de la población. A esto se suman los usuarios que se agregan a través de la red de más de mil salas digitales de acceso comunitario que ha instalado Indotel en todo el país y que, según llega el Internet banda ancha a las comunidades, van conectándose, así como los centros privados establecidos en comunidades apartadas.

En este recorrido de crecimiento el Director del Indotel Dr. Jose Rafael Vargas ha previsto que para fines de este año todos los municipios y distritos municipales del país contarán con servicios de banda ancha, como resultado de la ejecución del proyecto Conectividad Rural de Banda Ancha”.

Significó que este proyecto está convirtiendo a la República Dominicana en el país con la mayor cobertura de banda ancha en la región. Añadió que el país está siendo tomado de modelo, como lo ha reconocido el secretario general de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, doctor Hamadoun I. Touré.

Es evidente que el de las telecomunicaciones es uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana, abierto a la competencia sin trabas ni limitaciones. Ha causado mucha extrañeza por tanto, que aun existan representantes de prestadoras de servicios haciendo observaciones sobre actitudes monopólicas que no se compadecen con las ventajas que presenta el mercado para las inversiones y las acciones innovadoras que exigen estos tiempos.

En su función reguladora el organismo tiene también la responsabilidad de la defensa y protección del usuario, por lo que se ha valorado positivamente la propuesta de su director para la modificación de la ley 153-98, en procura de adaptarla a la realidad del mercado para los próximos 20 años, situándola en capacidad de enfrentar los retos que supone la aplicación de las nuevas tecnologías que   en este sector.