SAN JUAN DE SABINAS, México (AFP) – Con tristeza y desolación se iniciaron el domingo los trabajos preparatorios para recuperar los cadáveres de 65 mineros que fallecieron atrapados en un yacimiento carbonífero del norte de México, tras una explosión de gas grisú ocurrida el 19 de febrero.

   La delicada tarea de barrenar en la superficie para sacar el gas metano contenido en el filón, para luego ventilar los túneles e intentar excavar en busca de los fallecidos, mantiene en vilo a los familiares de los trabajadores.

   «Me voy a quedar aquí hasta que saquen los cuerpos», dijo la viuda del minero Jesús León, madre de tres hijos, a la AFP.

   A pesar de que la mayoría de los familiares se retiraron de las afueras del yacimiento tras el anunció de la muerte de los trabajadores, algunas personas insistían el domingo en permanecer en la oficina administrativa del lugar, a la espera de que se rescaten los cadáveres.

   «Muchos se fueron porque se conformaron con el dinero que les dieron, yo quiero el cuerpo de mi hermano, muerto o vivo», apuntó por su parte la hermana de Jesús León.

   La empresa propietaria del yacimiento prometió una indemnización de 750.000 pesos (algo más de USD 70.000) por cada uno de los fallecidos, además de otorgar becas de estudio para sus hijos.

   Después de seis días en los que se intentó rescatar con vida a los mineros, el Grupo México, firma propietaria de la veta ubicada en el estado de Coahuila (norte), declaró que estos murieron de manera instantánea el día del accidente debido a la onda expansiva de la ignición que alcanzó temperaturas de hasta 600°C.

   «Las condiciones no son propicias para la vida en toda la mina. Vamos a pasar a la dura labor de recuperación física de nuestros mineros para que las familias puedan empezar su duelo», dijo Javier García de Quevedo, directivo de la firma.

   Según las mediciones realizadas el sábado, poco antes de que se anunciara el desenlace fatal, los índices de metano en la mina eran del 40%, cuando para ingresar al yacimiento se necesita una cifra de 1,5%.

   En San Juan de Sabinas, población cercana a la frontera estadounidense, trabajar en la veta de carbón es una de las pocas opciones para sus 40.000 habitantes.

   «O trabajas en la mina o te vas a Estados Unidos, te puedes morir también ahogado en el río, no hay de otra», sentenció Juanita Ramos, tía de dos mineros que quedaron atrapados.

   El manejo de la crisis y las medidas de seguridad en la veta Pasta de Conchos, cuyos trabajadores perciben un salario de 600 pesos (USD 57) semanales, es ahora una preocupación para las autoridades federales y del estado de Coahuila.

   El secretario del Trabajo mexicano, Francisco Salazar, anunció que se realizaría una investigación exhaustiva para determinar las causas de la explosión.

   Pero el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, exigió además que se revise la actuación de la delegación del ministerio del Trabajo en esa entidad.

   A su vez, el presidente Vicente Fox declaró que su administración estará pendiente de que los deudos de los mineros reciban toda la ayuda que se merecen.

   «Estamos cerca de los familiares para cubrir sus necesidades con programas de gobierno, como pueden ser becas para los hijos para que puedan salir adelante con sus estudios, o como puede ser en materia de vivienda, (…) vamos a asegurarnos que tengan todo el respaldo del gobierno federal», dijo el mandatario.

   De su lado, el gobierno de Coahuila anunció la creación de una «comisión de tutores integrada por 65 funcionarios de la administración» local, que trabajarán con cada una de las familias de los mineros y les auxiliarán «para que sea menos la ‘tramitología’ y reciban con oportunidad lo que de acuerdo a la ley les corresponde (pensión y seguridad social)».