No es la primera vez que al doctor Jaime David Fernández Mirabal, actual Ministro de Deportes, se le asocia con acciones que  pueden tipificarse como abusos de poder, pues durante su gestión al frente del  Ministerio de Medio Ambiente fueron frecuentes las denuncias  de uso excesivo de la fuerza contra supuestos o reales violadores de la ley. En esta ocasión, sin embargo,  el hombre parece que encontró la tusa aquella, pues el Consejo Municipal del ayuntamiento de  Higüey acaba de declararlo persona no grata luego de que un grupo de ciudadanos impidió que militares armados, que decían cumplir sus órdenes, se llevaran a la fuerza   las butacas de las gradas del multiuso de esa comunidad  dizque para utilizarlas en una actividad  en Cap Cana. La iniciativa fue promovida por el senador de la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, luego de sostener –según cuentan las crónicas de los diarios– una conversación  telefónica con el ministro de Deportes, lo que permite inferir que ese diálogo no fue precisamente un intercambio  de buenos deseos. Dirigentes deportivos de Higüey han expresado su rechazo a la actuación de los militares, que llegaron al polideportivo  a las 4:00 de la madrugada y empezaron a desprender las butacas, muchas de las cuales rompieron, que consideran un atropello  contra los higüeyanos. Al momento de escribir esta columna el ministro de Deportes no le había ofrecido a la opinión pública su versión de lo ocurrido o, en su defecto, una explicación sobre el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que, alegadamente, actuaban en su nombre. Pero en lo que llegan  esas explicaciones  muchos son los que  se preguntan qué motivó al doctor (¿o debo decir general?) Fernández Mirabal a actuar de manera tan violenta, respuesta que, dados sus antecedentes,  no parece necesario ir a buscar muy lejos: la  culpa es del trujillito que tantos dominicanos llevamos dentro, que en su caso hace rato que sacó la cabeza.