NELSON BUTTÉN VARONA
Conforme a lo establecido en el Artículo 379 del Código Penal, «El que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece, se hace reo de robo». Prevaliéndose de su poder político Trujillo sustrajo, para su provecho personal y de su familia, cuantiosos bienes propiedad del Estado, por lo que no es discutible que fue merecedor del mote de ladrón que le atribuyeron sus opositores.

Sin embargo se reconoce que el dictador no fue tolerante con la delincuencia común, sin importar la categoría social de infractor. Pudieron ocurrir excepciones, en que por súplicas de colaboradores de su régimen El Jefe dispusiera el perdón, o la no traducción a la justicia, de delincuentes de cuello blanco.

En la Era de Trujillo no quedaban crímenes ni delitos sin resolver, sin necesidad de que la jefatura de la Policía Nacional creara comisiones investigadoras. Sus autores eran identificados y capturados en breve tiempo. El castigo era severo, pues generalmente eran condenados a prisión y a trabajos públicos. La población los veía, uniformados o con las cabezas raspadas, limpiando las áreas verdes de calles, escuelas y edificios gubernamentales.

En esa época quien cometía un robo dentro de una vivienda, o de un establecimiento comercial, con rompimiento de pared o techo, o con escalamiento o fractura de puertas o ventanas, o haciendo uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos, tenía la oportunidad de cumplir condena a prisión hasta una segunda ocasión, y salir en libertad posteriormente. Pero, si cometía una tercera infracción similar, después de ser juzgado y condenado nuevamente casi siempre un verdugo policial o militar le aplicaba «operación fuga», y jamás se volvía a saber de su paradero.

La ciudadanía se sentía segura de la preservación de sus bienes. Nadie tenía el temor de ser asaltado y despojado de su dinero o prendas, ni siquiera transitando de madrugada por calles, carreteras y caminos rurales. Las compañías privadas de guardianes eran innecesarias y las pocas personas que ejercieron la tarea de guardián la desempeñaron como empleados de instituciones bancarias o financieras.

En el sistema partidocrático la delincuencia común con violencia se incrementa de manera sostenida, al extremo de que la sociedad percibe que la Policía Nacional no tiene capacidad de control sobre ella. La ocurrencia de hechos delictivos es tan frecuente en toda la geografía nacional que desde altas instancias de los gobiernos se han escuchado voces insinuando reducir su publicidad, aduciendo que ésta le hace mucho daño a la industria turística.

Los delincuentes comunes se multiplican día a día, no obstante la eliminación física de muchos de ellos en reales y supuestos intercambios de disparos con la policía.

Con la agravante de que frecuentemente miembros de la Policía Nacional y de las instituciones castrenses son arrestados y puestos en retiro por asociarse con civiles en la comisión de atracos a mano armada.

Empero, los delincuentes comunes de cuello blanco gozan de un espacio privilegiado. Ostentan el rango social de honorables, sea por la cuantiosa fortuna económica que poseen, derivada de actividades ilícitas, o por haber desempeñado altos cargos en el gobierno central o en instituciones descentralizadas del Estado. Cualquier acción judicial iniciada en contra de éstos difícilmente rebasa la fase de la investigación preliminar. Y si son juzgados, entonces las mayores posibilidades apuntan a su absolución por insuficiencia o falta de prueba.