REYNALDO R. ESPINAL
La política exterior norteamericana a finales de 1950 se enfrentaba a un profundo dilema: ¿Cómo conciliar el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados latinoamericanos con el postulado de preservar en los mismos el respeto por los principios democráticos?. En otras palabras: ¿Después del triunfo de la Revolución Cubana y las diversas invasiones de los exilados, propiciadas desde allí,  sería posible preservar al hemisferio, y más específicamente al ámbito caribeño, de la influencia comunista, sin que fuera para ello preciso violentar el principio de no intervención?.

Este cambio enojoso de las circunstancias sociopolíticas en el hemisferio fue el motivo que condujo a los Estados Unidos a solicitar al Consejo de la Organización de los Estados Americanos la convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores, lo que se hizo efectivo en Santiago de Chile en el mes de agosto de 1959.

En aquel escenario el secretario de Estado Herter, aunque reafirmó el compromiso de los Estados Unidos con el principio de no intervención, realizó un férvido llamamiento para la creación de una maquinaria interamericana que impidiera la reedición de un fenómeno, que como la Revolución Cubana, había trastocado el estatus geopolítico de la región.

Para el caso de la República Dominicana y el régimen de Trujillo, cabe preguntarse, sin embargo: ¿Cuáles variables internas y externas condujeron a los Estados Unidos a dar la espalda a uno de sus más firmes aliados en la región caribeña?. Un estudio a profundidad de los documentos diplomáticos disponibles sobre la época, no dejan lugar a dudas en torno al hecho de que a pesar de la posición defendida ardientemente por Venezuela en la reunión de cancilleres de agosto de 1960 para imponer sanciones económicas y diplomáticas a la República Dominicana, los Estados Unidos no eran partidarios en principio de esta iniciativa. Aunque de acuerdo en prohijar una condena de tipo general al régimen de Trujillo -por involucrarse en el fallido intento de dar muerte a Betancourt- los Estados Unidos se oponían a sanciones de carácter punitivo, proponiendo, en cambio, que la OEA enviara a Ciudad Trujillo una comisión supervisora que garantizara la celebración de elecciones libres. Sólo en caso de que Trujillo se rehusara a ello, se contemplaría la posibilidad de aplicar sanciones

La intención norteamericana era evidente: procurar que Trujillo cooperara con su propia autoliquidación, garantizando así la transición política por caminos no comunistas. Bajo la sombrilla de la OEA, y tal era la intención de la propuesta  del secretario Herter, Estados Unidos intervendría veladamente en los asuntos internos de la República Dominicana, lo que motivó que la misma no fuera refrendada bajo el supuesto de que constituía una violación flagrante al principio de no intervención.

Finalmente, sin embargo, en Costa Rica triunfó la posición venezolana a favor de la aplicación de sanciones a la República Dominicana. A cohesionar, en mucho, la línea política de los liberales interamericanos contribuyeron las declaraciones del ex-presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, quien una semana antes de celebrarse la reunión de cancilleres de San José, de paso por Venezuela camino a Canadá, expresó: “…la Institución de la OEA se juega una carta peligrosa en esta ocasión .Sería muy lamentable que esta vez saliéramos desilusionados los que aún creemos en esa organización para la defensa de los regímenes democráticos”.

El Consejo de la OEA fue autorizado a “…estudiar la posibilidad y la conveniencia” de extender o descontinuar las sanciones, cuando la República Dominicana cesara de “constituir un peligro para la paz y seguridad… del hemisferio”.