Luego de que la Corte Suprema de Justicia del estado de Colorado decidiera prohibir la participación del precandidato presidencial y exmandatario norteamericano Donald Trump, el destino pareciera incierto para la estridente figura republicana.

Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un exgobernante es impedido de participar en elecciones presidenciales, amparado en un articulo de la Constitución estadounidense, específicamente por “haber motivado a la insurrección”, luego del asalto al Capitolio en enero del 2021.

Esto significa que la cara de Trump no podrá presentarse en la boleta presidencial del 5 de noviembre del 2024, al menos en el estado de Colorado, aunque ya los abogados del magnate han indicado que apelaran esta decisión.

Esto tiene variantes tanto políticas como judicial y, aunque es probable que caiga al ser presentado ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, (máximo órgano judicial del país), envía un mensaje claro, que afecta la imagen del exmandatario, lo que representa un arma de doble filo.

Históricamente y más acentuado en las últimas décadas, Colorado ha sido demócrata, por lo que el equipo campaña de Trump le ha sacado filo advirtiendo que se trata de una “persecución política”, que busca frenar su paso hacia la Casa Blanca.

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De hecho, Colorado representa 9 puntos electorales (puntos por colegios electorales), en un panorama que, según las métricas, plantean la posibilidad de una batalla electoral cerrada entre el multimillonario y el actual presidente Joe Biden.

Pero, ¿qué dice la sección 3 de la decimocuarta enmienda sobre la insurrección? A continuación, el fragmento.

Sección 3. Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado, si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso, o como oficial de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura de algún estado, o como oficial del poder ejecutivo o judicial de ese estado, para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar tal inhabilidad.

Es decir, ningún funcionario que haya alcanzado su posición mediante cargo electivo y que incurra en anarquía o amenace contra los Estados Unidos, podrá presentarse a cualquier otro cargo, a menos que el Congreso le habilite.

Sin embargo, esto no significa el fin de la carrera de Trump, ya que el juicio en su contra por su presunta motivación en los eventos que dieron lugar al asalto al Capitolio en 2021, se encentra abierto, por lo que es casi seguro que, al llegar a la SCJ de Estados Unidos, la medida sea rechazada, ya que se le violenta el derecho de inocencia.

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¿Quién gana y quién pierde?

Hasta el momento, la medida beneficia tanto a sus contrincantes internos, como al presidente Joe Biden, pero las cosas pudiesen cambiar si Trump vuelve a salir airoso de la justicia, fortaleciendo su discurso de campaña de ser un “perseguido político”.

De hecho, cada vez que el exmandatario enfrenta a la justicia y sale de esos procesos, su imagen se posiciona aún más, colocándolo como favorito tanto a lo interno del partido Republicano, como por encima del actual gobernante.

Pero si llegase a ser condenado antes de las primarias de su partido, es probable que sea sustituido por los republicanos, para evitar poner en riesgo la candidatura presidencial y ahí sí que pudiera representar su aniquilación política.

Mientras tanto, su equipo trabaja en ralentizar el proceso lo más que puedan, para dar tiempo a que lleguen las elecciones y buscar a toda costa llegar a la Casa Blanca, para una vez allí, gobernar por cuatro años, a partir del 2025.

Lo cierto es que sus abogados tienen ahora hasta el 4 de enero para apelar la decisión ante la Corte Suprema, lo que estaría definiendo el futuro político de Donald Trump, aunque muchos coinciden en que es casi imposible que se ratifique la decisión, debido a que no hay una condena firme en su contra.