El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer las restricciones al asilo en la frontera con México, después de que un juez federal bloqueara temporalmente esas limitaciones al considerar, de forma preventiva, que son ilegales.
“Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional (el asilo) no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración con base en el interés nacional”, aseguró en un comunicado la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Katie Waldman.
Las autoridades del país se han referido en reiteradas ocasiones a la concesión de asilo como una prestación que puede elegir si ofrecer o no. “Estamos deseando -prosiguió Waldman-, continuar defendiendo el legítimo y razonado ejercicio de la autoridad del Ejecutivo para tratar la crisis en la frontera sur». El pasado 9 de noviembre, Trump firmó una orden presidencial que de facto implicaba que aquellos inmigrantes que entren a EE.UU. por la frontera con México de forma irregular no tengan opción de pedir asilo; la medida fue adelantada por el mandatario durante la semana previa a las elecciones legislativas el pasado día 6. El mismo día en el que Trump suscribió la proclamación, vigente durante al menos 90 días, distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Gobierno en una corte federal de San Francisco, en California, solicitando a un juez la suspensión preventiva de la regulación. Trump y su Gabinete se habían escudado en la misma prerrogativa utilizada para establecer un veto migratorio sobre países de mayoría musulmana en 2017, un paso que sí fue respaldado por el Tribunal Supremo.