Las líneas telefónicas para inmigrantes sin permiso de residencia no dejan de sonar. Las oficinas que ofrecen asesoría legal tienen cada vez más clientes. En las escuelas públicas deben responder a una lluvia de preguntas de padres y estudiantes.
Desde las elecciones, las duras afirmaciones del presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, sobre inmigración han creado ansiedad entre los inmigrantes de todo el país, sin importar su estatus legal. Acuden a abogados, escuelas, grupos de derechos y oficinas del Congreso en busca de ayuda.
“Estamos operando con muchas incógnitas, y hay ciertos temores asociados a eso”, dijo Vanessa Esparza-López, abogada en el National Immigrant Justice Center de Chicago.
En Chicago, una línea telefónica gestionada por el mayor grupo de derechos de migrantes del estado recibió más de 330 llamadas en la semana posterior a las elecciones, comparado con el centenar que recibe normalmente. En Denver, autoridades escolares enviaron una carta a los padres en respuesta a sus dudas sobre los efectos de los comicios presidenciales sobre los estudiantes que no tienen permiso de residencia.
El Legal Assistance Group de Nueva York dijo que recibe entre 40 y 60 llamadas diarias sobre inmigración, el doble que antes de las elecciones. La Coalition for Humane Immigrant Rights de Los Ángeles reportó 19 consultas en un solo día, todas relacionadas con la ciudadanía. Las dudas más acuciantes proceden de jóvenes que se benefician de un programa federal instaurado en 2012 por el gobierno del presidente Barack Obama que deja en suspenso la deportación de jóvenes traídos al país de forma ilegal cuando eran menores y les concede permisos de trabajo. Unas 740,000 personas se acogieron al programa llamado Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en inglés). Abogados señalan que el programa es vulnerable porque fue creado a través de una orden ejecutiva del presidente, sin el respaldo de una ley, lo que hace que los posibles nuevos solicitantes duden sobre si inscribirse en él. Andrea Aguilera, una estudiante universitaria de 20 años en un suburbio de Chicago, se siente en el limbo ya que la documentación que obtuvo a través del DACA expira el próximo año. Entró al país cruzando la frontera con México clandestinamente cuando tenía cuatro años y mantuvo su estatus migratorio casi en completo secreto hasta que hace cuatro años pudo obtener un permiso de trabajo gracias al DACA. Desde entonces trabajó como cajera de un supermercado y becaria en una empresa.