Jueces federales, alcaldes de grandes ciudades, actores de «Saturday Night Live» y miles de anónimos movilizados en las redes sociales: desde enero, cuando asumió la presidencia, Donald Trump debe enfrentarse a fuerzas sociales heterogéneas que ponen en entredicho la concreción de algunas de sus promesas de campaña.
La gran «Marcha de las mujeres», que reunió a millones de personas en todo Estados Unidos el 21 de enero, un día después de la asunción del magnate republicano, fue el puntapié inicial del enfrentamiento. La primera pulseada tuvo lugar seis días después, el 27 de enero, con la publicación del decreto inicial de la presidencia que apuntaba a suspender la llegada al país de personas provenientes de siete países musulmanes, incluidas aquellas que tuvieran visa o documentos en regla.
El fin de semana siguiente, cientos de viajeros quedaron bloqueados en aeropuertos del mundo entero, desatando la movilización de una pléyade de abogados y de la poderosa organización de defensa de los derechos civiles American Civil Liberties Union, que cuestiona la legalidad del decreto.
Un juez federal de Seattle, James Robart, bloqueó a los pocos días la aplicación del decreto, marcando la primera victoria para ese movimiento alentado por el Partido Demócrata. El 15 de marzo la administración de Trump presenta una nueva versión del decreto, pero un juez federal de Hawai, Derrick Watson, también lo bloquea, al ver en él «pruebas significativas e irrefutables de animosidad religiosa». Esta batalla judicial se acompañó de manifestaciones casi cotidianas de respaldo a los inmigrantes, en febrero y marzo. Sin embargo, la disputa sobre el tema migratorio continuará.
Cuando era candidato a la Casa Blanca, Trump había prometido expulsar a millones de clandestinos. Poco después de su victoria, su equipo endurece las consignas.