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Desde que llegó al poder el presidente Donald Trump ha tomado medidas para reducir la migración, ya sea legal o ilegal, desde el tercer mundo hacia su país.Para impedir los flujos de ilegales ha presionado exitosamente a los gobiernos mexicanos y centroamericanos para impedir que se llegue a la frontera norteamericana para tratar de cruzarla ilegalmente. También construye un muro.
Para impedir la migración legal concibió proyectos de ley que pondrían fin, entre otros, a la unificación familiar, nietos, hijos y cónyuges que buscan juntarse con los que ya emigraron y que despectivamente denominó “inmigración en cadena”, pero pronto se dio cuenta de que no contaba con los votos de los demócratas, necesarios para que pasaran en ambas cámaras. Consecuentemente optó por el camino de cambios en los reglamentos administrativos y que lograsen el mismo propósito, pero que no requieren sanción congresual. Uno de ellos obligaría a los cónsules, en cualquier parte del mundo, a negar una visa de migración, el llamado “Green Card” o “tarjeta verde” si la familia solicitante es probable que desde su llegada y durante doce meses no pueda contar con un nivel mínimo de ingresos anuales (unos US$64,000 para una familia de cuatro), por lo que probablemente tendrían que acudir a programas federales de ayuda, tales como «foodstamps” (“sellos para comida”), Medicaid (“ayuda sanitaria”) y “vivienda subsidiada” (“vouchers”). En ese nivel de ingresos se incluye el de la familia ya residente en Estados Unidos que auspicia la reunificación. En el caso dominicano un 99% de los que buscan el “Green Card” lo hace bajo el programa de unificación familiar.
En el 2016, por ejemplo, 127,000 dominicanos obtuvieron “Green Card” y pudieron reunirse con sus familiares. Somos el sexto país que más “Green Cards” recibe, superado tan solo por la India, China, México, Cuba y las Filipinas. Pero se estima que un 75% de los solicitantes, unas 95,000 personas, no tendrían el nivel requerido de ingresos familiar y, por lo tanto, es probable que tuvieran que acudir a los subsidios. A esos casi 100,000 dominicanos, ahora se les negaría la visa.
Ese reglamento administrativo fue sometido a las cortes de Nueva York y California, entre otras, buscando ser invalidado, como lo fue, pero la semana pasada una Suprema Corte de Justicia donde Trump ha logrado colocar nuevos jueces muy conservadores, por un cercano voto de cinco a favor y cuatro en contra, dictaminó que las cortes inferiores no tenían razón, por lo que el reglamento se mantendrá.
En resumen, solo miembros de nuestra clase media y pudiente podrán ahora optar por irse a residir a Estados Unidos. Pero, precisamente, no es a esos grupos que más interesa migrar. Los que ya están allí, confundidos, ahora están tratando de no utilizar los subsidios, para evitar el peligro de que sus familiares no puedan migrar.
Aquellos dominicanos que piensan que esto solo afectará a los que están por migrar, con las consecuencias negativas familiares y económicas, están muy equivocados. Las remesas constituyen la principal fuente de divisas del país, más que el turismo, sobre todo si se toma en consideración que esas remesas son “netas”, mientras que el turismo conlleva un componente importado. Nuestras estadísticas evidencian una alta correlación entre flujos migratorios y flujos de remesas, por lo que, si disminuyen los primeros también pronto lo harán los segundos. Y una disminución en las remesas afecta a todos los dominicanos. Además, habría más desempleo. Se podría optar por migrar a España o Canadá, pero no es allí donde está el grueso de la familia. La crisis humana sería muy fuerte.
Si los Estados Unidos nos quitara la cuota azucarera, por ejemplo, su impacto sobre nuestra balanza de pagos sería algo reducido, ya que exportaríamos ese azúcar, eso sí, a un precio algo menor a Europa y al mundo, y sería nulo al nivel de empleos. La caña ya no es la “espina dorsal” de nuestra economía, lo son las remesas y Trump nos ha golpeado donde ahora más nos duele, en nuestra nueva espina dorsal.
