El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió ayer a arremeter con furia contra México, al afirmar que el gobierno de ese país debe detener la enorme caravana de inmigrantes que se aproxima a la frontera entre los dos países.
Por segundo día consecutivo, el mandatario estadounidense recurrió a la red Twitter para criticar a México y a la caravana denominada «Viacrucis Migrante 2018», y también al propio Congreso estadounidense.
«México tiene poder absoluto para no dejar que esa enorme ‘caravana’ de personas ingrese a nuestro país. Deben detenerla en su frontera norte», escribió el presidente en Twitter, un día después de haber acusado a México de hacer «muy poco» al respecto.
La irritación del presidente se concentra en la caravana integrada por unos 1.500 migrantes centroamericanos, que salió el 26 de marzo de la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, hacia la frontera con Estados Unidos.
La marcha lleva el lema «Todos Somos Americanos de Nacimiento», y con esa caravana mujeres, hombres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras buscan exhibir el calvario que sufren en su paso por México hacia Estados Unidos. Este lunes, Trump apuntó que en México «las leyes fronterizas funcionan», y por ello las autoridades de ese país «no deben permitir que esas personas ingresen a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas».
Sobre el DACA.- La furia de Trump se destina también al partido Demócrata en el Congreso, que bloqueó la aprobación de recursos en el presupuesto federal para construir el controvertido muro que desea ver erguido en la frontera con México. Durante meses, los legisladores demócratas exigieron que a cambio de ese voto los legisladores republicanos adopten alguna medida para resolver la situación de los casi 700,000 migrantes que lleg aron al país en la infancia y normalizaron su situación de forma temporal mediante el programa DACA. Trump anunció a fines del año pasado la suspensión de ese programa, dejando esas centenas de inmigrantes en un limbo legal, pero dos jueces federales obligaron al gobierno a seguir autorizando la renovación de esos permisos de residencia.