El Tribunal Superior Administrativo (TSA) conoció ayer el fondo de la medida cautelar con la que la Fundación Institucionalidad y Justicia busca impedir la aplicación de un alza en la tarifa eléctrica, y dio un plazo de 10 días a las partes en conflicto para que amplíen escritos justificatorios.

El recurso de FIJ contra la Resolución 87-2021 emitida por la Superintendencia de Electricidad y las Empresas Distribuidoras de Energía, es respaldado por otras tres entidades de la sociedad civil que entienden que con la misma se violentaron una serie de leyes en perjuicio del 98.9 % de los clientes de las tres distribuidoras eléctricas.

“Nosotros lo que estamos planteando es un recurso contencioso administrativo seguido de una medida cautelar para que, en lo que se conoce el contencioso-administrativo, que dura una vida, se puedan suspender de manera provisional las resoluciones que autorizan el aumento indiscriminado de la factura eléctrica cada tres meses”, dijo el presidente de la FIJ Trajano Vidal Potentini.

Otra de las entidades que objetan la resolución de marras es Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) por “desatinada” y violatoria de la Ley 125-01 que regula el sector eléctrico.