La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó a la Oficina Nacional de la Defensa Pública y al Departamento de Control de Servicios y Coordinadores el cese de las persecuciones e investigaciones disciplinarias en contra de varios defensores públicos, a raíz de la realización de protestas en el marco de la lucha por mejores condiciones salariales.
La sala, presidida por el juez Román Berroa, establece que se pudo verificar la vulneración del derecho fundamental a huelga, instituido en el artículo 62.6 de la Constitución dominicana. En consecuencia ordenó el cese de esas prácticas, iniciadas tras los reclamos.
En diciembre del 2017 los defensores realizaron un paro nacional de labores durante 24 horas, reclamando un aumento salarial. El llamado a paro fue convocado por la Asociación Dominicana de Defensores Públicos (ADDP) y el Movimiento de Dignidad Salarial.
Exigían aumento salarial de un 50% de los defensores y los empleados, para igualar el salario al de los demás actores judiciales.
La protesta se produjo alegando que llevan varios años reclamando, sin que la dirección de la Defensa no diera respuesta a estos.
Pero según Robinson Reyes, presidente de la ADDP, al iniciar el año, más de 20 defensores públicos fueron sometidos a juicios disciplinarios por la directora Laura Hernández y los coordinadores, acusándoles de faltar al trabajo.
Los defensores públicos sometidos Biemnel Suárez, Amalphi Gil, Ramona Álvarez, Sugelys Valdez, Johann Reyes, Jorge Luis Segura, Félix Manuel Ortega y Alexander Rafael Gómez elevaron un recurso de amparo, en que buscaban detener las persecuciones.