El Ayuntamiento de Boca Chica recibirá el 5% de las ganancias de las empresas que extraen materiales del suelo en el municipio, gracias a una sentencia que emitió el Tribunal Superior Administrativo (TSA) disponiendo que se le pague la tasa de mediación para resarcir daños causados en recursos no renovables.

Al ofrecer la información, el alcalde Fermín Brito Rincón dijo que las canteras que sustraen materiales del subsuelo ubicadas en terrenos de Boca Chica tienen una deuda de más de RD$150 millones con el cabildo y se niegan a pagar el porcentaje que deben a los ayuntamientos.

La sentencia emitida es la 0030-1647-2021-SSEN-00459 y en ella se exige a las compañías que reparen el daño que han causado las excavaciones, ya que han dejado grandes cráteres.

Brito Rincón hizo un llamado a los propietarios de las empresas para que se pongan al día en sus obligaciones fiscales o de lo contrario solicitarán la clausura de sus compañías.

Brito Rincón advirtió que recurrirá al Ministerio de Medio Ambiente para que acaten la ordenanza que les impone el pago de los arbitrios por daños a la naturaleza.

“En municipios como Cotuí, Maimón y otros, las empresas que realizan esta actividad cumplen con la ley, sin embargo en Boca Chica que tanto necesita de esto, las canteras se niegan a acatar la ley y sentencias emanadas de los tribunales”, dijo.

Entre las empresas que se niegan a pagar, según el alcalde, se encuentran La Ensenada, Marmotech, S.A., Coraldom C.por A, Caribean Coral Marbles S.A., Granitos Auténticos, Mármoles Panamericanos, Comercial Lima, entre otras canteras que extraen minerales del subsuelo.

TSA se declara incompetente ante acción Jean Alain Rodríguez

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ponderó este martes la declaración de incompetencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer una acción de amparo con la que el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez procura una disculpa pública del Ministerio Público y, a la vez, que la prensa elimine su nombre de todas las publicaciones que registran el desarrollo de la Operación Medusa que lo llevaron a prisión por corrupción y lavado de activos.

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), integrada por los jueces Luisa Canaán, Dilcia del Rosario y Jeny Rodríguez, consideró al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional como la instancia ante la que el imputado tendría que presentar sus argumentos.