El Tribunal Superior Administrativo (TSA) otorgó ayer un plazo hasta marzo de 2019 para que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) registren a varias empresas extranjeras dedicadas a realizar contratos de tiempo compartido de viviendas.
Por este caso, el abogado Ángel Lockward, quien representa a una sociedad comercial supuestamente defraudada por el grupo, había sometido una acción de amparo de cumplimiento para que estas instituciones públicas apliquen la Ley 479-08, sobre sociedades comerciales, y el Código Tributario (Ley 11-92) a este grupo de compañías que no figuran en el Registro Mercantil ni en el Registro Nacional del Contribuyentes (RNC).
Afirmó que el consorcio ha evadido reportar unos 50 mil contratos de tiempo compartido, de los cuales se han retenido RD$6,300 millones en impuestos que deben ser pagados al Estado dominicano.
Según explicó el abogado, las estafas se producen a través de un entramado en el que una de las empresas vende el servicio de tiempo compartido, otra es la dueña de la propiedad donde este se ofrece, otra es la que recibe el dinero y otra es la encargada de distribuirlo.
“Al final, el cliente no recibe el servicio ni tiene garantías de la propiedad, y el Estado no recauda ningún impuesto”, recalcó.
De su lado, el abogado José Cepeda, representante del propietario del consorcio, Gunter Kerbler, afirmó que este último está exento de pagar impuestos, puesto que solo ha invertido en compañías extranjeras que tienen acciones en empresas dominicanas.