El Tribunal Superior Administrativo (TSA) se reservó ayer el fallo sobre un recurso de amparo sometido por la exjueza Altagracia Esther Mejía Roca, destituida por el Consejo del poder Judicial (CPJ) por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La magistrada, quien tenía 27 años de servicio en el Poder Judicial, fue acusada por el Ministerio Público de otorgar permisos para salir del país a extranjero que se encontraba condenado por narcotráfico.
Los permisos eran emitidos sin la debida justificación y sin la sustanciación legal adecuada.
Mejía Roca, quien se desempeñaba como jueza de ejecución de la pena en San Pedro de Macorís, negó esas imputaciones y calificó como “abusiva” su destitución. Afirmó que un permiso que se otorgó al imputado holandés Gregory Tibor para visitar a una hermana enferma está dentro de las prerrogativas que le consigna la Ley al juez de Ejecución de la Pena, y que el CPJ duró cinco meses investigando el caso y no encontró ninguna acción corrupta.“Mi cancelación es un acto abusivo del CPJ y por eso muchos jueces se sienten aterrados al momento de aplicar justicia, porque son víctimas de arbitrariedades”, dijo.