El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó ayer la suspensión provisional de la resolución 06/2015 de la Junta Central Electoral (JCE) que establece la distribución de los diputados representantes del Distrito Nacional y las provincias.
La medida fue dispuesta en atención a un pedimento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hasta tanto el tribunal conozca la nulidad del fondo de dicha resolución.

Argumento de la jueza. La magistrada Delfina Amparo de León Salazar justificó su decisión con la afirmación de que el fundamento esencial de la solicitud del PLD “es salvaguardar la ejecución de la eventual sentencia” que rendirá el tribunal respecto del recurso principal.

Indicó que de no suspender el acto administrativo impugnado, “carecería de sentido la decisión que emane con posterioridad al tercer domingo de mayo de 2016” cuando, conforme lo establece la Constitución en su disposición transitoria décimo cuarta, “por excepción” se celebrarán las elecciones para elegir a las autoridades municipales.

A su juicio, eso “en términos de tiempo pudiera resultar insuficiente para que este tribunal apoderado del recurso Contencioso Administrativo interpuesto al respecto, pueda rendir una decisión definitiva, en virtud de la lentitud que caracteriza a ese tipo de procesos”.

Previene daño irreparable. La jueza resaltó que “la medida cautelar es una protección al derecho que se defiende para evitar que durante el tiempo de tramite del proceso, ese derecho sufra un daño, de características tales, que resulte imposible o muy difícil de reparar cuando se dicte la sentencia que lo reconoce”.

Agregó que para ordenar la medida cautelar solicitada el juez no valora el fondo del asunto, sino las circunstancias de los hechos y todos los intereses en conflicto, ya que la finalidad es asegurar el cumplimiento de una posible decisión sobre lo principal.

Quién la merece. De León afirmó además que el derecho a la tutela judicial efectiva implica el derecho a una tutela cautelar, que “debe otorgarse a quien exhiba en sus pretensiones de fondo una apariencia de buen derecho…”.

Pedimento del PLD. La organización política, representada por su secretario general, Reinaldo Pared Pérez; César Pina Toribio y Olivo Rodríguez Huertas como abogados apoderados especiales, interpuso su ación contra la JCE por entender que la resolución 06-2015 emitida por ese organismo el 15 de julio “vulnera” los principios de reserva de ley y de separación de poderes del Estado.

Además, porque restringe el derecho a la participación en la toma de decisiones de los partidos políticos y del propio sistema democrático de elección de la ciudadanía.
Bajo esa premisa, el PLD solicitó al Tribunal Superior Electoral disponer la suspensión de la resolución de marras, “hasta tanto intervenga la sentencia que decidirá sobre el recurso contencioso-administrativo de nulidad” que interpuso contra la Junta.

Por decisión propia. Los intervinientes voluntarios fueron los Partidos Demócrata Popular, Revolucionario Dominicano (PRD), Acción Liberal (PAL), Fuerza Nacional Progresista (FNP); Ángel Lockward y Víctor J. Féliz.