El Tribunal Superior Electoral (TSE) debe recuperar la facultad exclusiva de conocimiento e interpretación de los conflictos electorales, consideró ayer el exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE), José Ángel Aquino, durante su intervención en el Primer Congreso Internacional de Justicia Electoral y Valores Democráticos que organiza el TSE.
“El elemento esencial para garantizar la independencia de los órganos electorales, es que sean estos los que tengan la última palabra en todas las controversias relativas a los procesos electores”, manifestó.
Al respecto, afirmó que las recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC) han despojado de sus competencias a la jurisdicción contencioso-electoral en el país.
Citó como ejemplo la sentencia TC-82-2018 que indica que el Tribunal Superior Electoral “no era competente” para conocer la acción de amparo interpuesta por Minou Tavárez Mirabal contra la JCE, con motivo de obtener el reconocimiento del partido Opción Democrática.
Asimismo, señaló como muestra del despojo la sentencia TC-0282-2017, emitida por un conflicto de competencias entre la JCE y el TSE, en la que el Tribunal Constitucional declaró que la “impugnación a la decisión administrativa de la Junta Central Electoral en el reconocimiento de los partidos políticos no configura un conflicto electoral entre dos o más partes, por lo que, podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Por tal razón, catalogó de “oneroso” que la justicia ordinaria se inmiscuya en los asuntos electorales debido a que ésta no cuenta con la “debida celeridad y especialización en la materia”.
Riesgo para la democracia. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez Liranzo, advirtió que “la democracia está en riesgo cuando el órgano que busca lo democrático no tiene las competencias claras, y éstas se diluyen en órganos que no tienen la debida especialización”.
Por tal razón, abogó por la modificación de su Ley Orgánica 29-11, para precisar y fortalecer las competencias de este organismo judicial “como Tribunal de la Democracia”.
Con respecto al carácter definitivo de las decisiones del TSE, recordó que éstas solo podrían ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando sean manifiestamente contrarias a la Carta Magna.