El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, solicitó ayer al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que divide las juntas electorales de 34 municipios en salas administrativas y contenciosas electorales.
“Se trata de evitar que quien administra el proceso electoral no sea el mismo que juzgue los reclamos que resulten del mismo, respetando el principio de que no se puede ser juez y parte en un mismo proceso”, explicó el magistrado durante su discurso en ocasión del séptimo aniversario de esa alta corte.
Recordó que el artículo 213 de la Constitución establece que las juntas electorales son las únicas que pueden conocer los asuntos contenciosos electorales ocurridos en los municipios, descartando así que los mismos sean conocidos en los juzgados ordinarios de primera instancia y los juzgados de paz.
Según explicó, esta separación se produciría en las juntas electorales del Distrito Nacional, en los municipios cabecera de cada provincia, así como en los municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste; los cuales tendrían la categoría de tribunales electorales de primer grado.
Estas salas contenciosas, detalló el magistrado, estarían integradas por un juez y dos jueces suplentes que serían designados por el TSE a través de un concurso público reglamentado por esa alta corte. Estos jueces ejercerían sus funciones durante cuatro años, con salarios pagaderos durante 15 meses, siendo el resto del período de designación a título honorífico.
Una mejor sede. Jáquez señaló que una de las necesidades más urgentes del TSE es la obtención de una sede digna que sea “acorde a su investidura, a la solemnidad y a la responsabilidad democrática de sus decisiones”, puesto que su actual salón de audiencias, ubicado en el quinto piso del edificio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), no garantiza las condiciones mínimas de seguridad.
Apuntó que un órgano electoral no debe compartir espacio con una entidad que no es afín a su naturaleza.