En el marco de un paro nacional convocado por los indígenas en Ecuador, una turba atacó un convoy militar y policial cerca de Quito que buscaba liberar a vehículos particulares y camiones con alimentos, con un saldo de varios uniformados heridos y secuestrados.

El del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló el viernes en un comunicado que como resultado del ataque 17 militares quedaron heridos de gravedad, tres camiones militares destruidos y describió los hechos como “una brutal agresión”.

Un convoy de “Cerca de 600 vehículos particulares y camiones de alimentos atrapados en Nanegalito. Las fuerzas armadas y policía han tratado esta tarde de llegar para liberar(los). No llegaron. En la Mitad del Mundo fueron atacados.

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Decenas de militares heridos y cinco secuestrados”, tuiteó el ministro de la Producción, Julio José Prado. La noche del jueves murió un manifestante herido por perdigones durante choques de manifestantes con policías y militares en las inmediaciones de la Asamblea, donde también se reportaron alrededor de 100 heridos de diversa magnitud. Previamente se habían informado dos fallecidos en otros sitios por diversas causas.

En su cuenta de Twitter la policía también denunció que sus efectivos resultaron heridos por disparos de perdigones.

Hace casi dos semanas la Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó a un paro nacional para exigir al gobierno que cumpla 10 puntos, entre ellos la reducción del precio de la gasolina de 2,55 a 2,10 dólares dólares el galón, mayor presupuesto para la educación y la salud y la fijación de precios de productos agropecuarios.

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Las protestas se han caracterizado por el bloqueo casi permanente de las carreteras principales, incluida la Panamericana, especialmente en el centro-norte del país, donde algunas ciudades más grandes padecen escasez de alimentos, combustibles y gas de uso doméstico.

Los manifestantes se han concentrado desde el jueves en la Casa de la Cultura y Parque de El Arbolito en Quito, muy cerca de instituciones como la Asamblea, la Fiscalía y la Procuraduría, cuyo edificio fue incendiado y sus documentos destruidos durante protestas indígenas en 2019, cuando pedían que no se eliminara parcialmente el subsidio a la gasolina.