La presión política sobre jueces y fiscales para lograr sentencias favorables a determinados intereses partidarios cuando se ventila un proceso legal, oral y contradictorio que involucra a un funcionario público, no puede llegar al colmo de llevar turbas airadas y vociferantes a las inmediaciones de los tribunales con el ánimo de provocar incidentes y víctimas fatales.
Creo que el agrónomo Leonardo Faña, sometido a la justicia por alegada difamación e injuria hacia el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha cometido un acto imprudente y desquiciado cuando se hizo acompañar hasta las afueras de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional de una caterva de manifestantes, identificados como supuestos comerciantes de alimentos, pero que, según algunos medios, son en realidad militantes del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que preside el propio Faña.
Crear un escándalo en el palacio judicial con el propósito de variar la decisión del tribunal, o tratar vía el desorden de intimidar al querellante, es el camino equivocado, infausto y peligroso escogido por Faña, quien al parecer prefiere la temeridad, imprecaciones y el desorden para probar su imputación de que el funcionario dirige una mafia importadora de alimentos.
Las autoridades judiciales y policiales, garantes de la seguridad y el orden en los tribunales, deben controlar la ocurrencia reiterada de estas manifestaciones partidarias, pues llevan el desasosiego a una de las partes litigantes, ofenden a familias decentes con insultos y pancartas, al tiempo que pueden desatar reacciones violentas. Solo quien se siente derrotado y acorralado por la mentira, actúa así.
Además, si como dice Faña, –“quien habla la verdad no difama”–, tampoco debe necesitar el auxilio de una turba de afiliados a su Frente Agropecuario del PRM para hacer valer sus alegatos contra Peralta.