Los encantos naturales y la calidad de la oferta turística del país son un imán  irresistible para los extranjeros. Eso, más que cualquier otro factor, sustenta los aumentos  que registra cada año el flujo de visitantes hacia la República Dominicana. Pero es un turismo que se ha desarrollado a campo traviesa. Su principal lucha es vencer las taras fiscales y de costos a lo interno, para después “salir” a competir con otros destinos, tradicionales y emergentes,  que disfrutan ventajas comparativas notables.

Esto, a grandes rasgos, es lo que se interpreta del cuadro que detallaron los dirigentes de ASONAHORES que ayer comparecieron como invitados al almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio. De manera explícita, este sector ha dicho que no aspira a exenciones, pero aboga vigorosamente porque se desmonten las trabas impositivas que le obligan a  competir en desventaja con enclaves turísticos de la región.

Por ejemplo, el impuesto que infla el precio del Avtur virtualmente “desvía” hacia otros países vuelos turísticos que bien  podrían venir aquí; la carga fiscal sobre la inversión turística supera con creces la de nuestros competidores de la región, y la  inseguridad jurídica sobre la propiedad y laboral provoca desconfianza al  inversionista. Tal vez el próximo Gobierno tenga una fórmula  que libre a  nuestro turismo de seguir operando a campo traviesa, a marcha forzada.

El delito le tuerce el brazo a la ley

No hay día que falte en los medios de comunicación más de una reseña sobre actos de delincuencia, como el asalto de una familia domínico holandesa por hombres vestidos de policías en la autopista Duarte, o los frecuentes atracos contra  viajeros a la salida del Aeropuerto Las Américas. Hay tanta inseguridad aquí, que  la embajada de los Estados Unidos ha aconsejado  a los estadounidenses que vienen a la República Dominicana, que tengan precaución por los frecuentes asaltos a mano armada.

Lo peor de la situación es que no se vislumbra una fórmula oficial para contrarrestar la ofensiva de los delincuentes y los asaltos a mano armada continúan como rutina diaria. Hay quienes atribuyen parte de la culpa de la situación a debilidades del Código Procesal Penal. La sociedad está indefensa y los delincuentes le tienen el brazo torcido a las autoridades que deben sostener la seguridad ciudadana.