AMPARO CHANTADA
Vale recordar que el estado del medio ambiente no es solamente consecuencia del proceso de desarrollo sino que es un importante pre-requisito para su ocurrencia, por lo tanto el deterioro ambiental dificulta el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, de la satisfacción de las necesidades de la población  y pone en peligro la posibilidad misma de su acrecentamiento y sustentatibilidad a largo plazo. Para que esas condiciones se den se necesita un  movimiento ambiental activo y sin ataduras, así como un sector empresarial con una clara visión de su misión y una conciencia ambiental real, por ser el medio natural la base material de sus actividades y sus actividades interferir directamente sobre la fauna y la flora y  los procesos físicos y químicos del entorno costero.

A pesar de esa introducción, el sector empresarial involucrado en el desarrollo turístico en nuestro país no tiene real conciencia ambiental, y se percata de los problemas ambientales después de las denuncias de los ambientalistas. El saqueo de las cavernas y la pérdida del tesoro arqueológico, son hechos irreversibles. El modelo arquitectónico adoptado lleva a la constitución de enclaves mirando el horizonte y dando la espalda al país, conlleva a la privatización de las playas en un hecho reprobado por la Constitución pero que sigue excluyendo al dominicano del disfrute de sus playas y de sus paisajes. Esa  oferta turística  condena al país a recibir un tipo de turista no deseable, sin interés cultural y sin preocupaciones ambientales.

Cuando en 1992 publicamos el libro “Medio ambiente, crisis del modelo de desarrollo y soberanía nacional”, se nos premió y entendimos que fue por la primicia y osadía de los temas tratados, ya que la reflexión central del libro era el modelo de desarrollo y su impacto sobre los recursos naturales, vale decir que nos referimos en numerosos casos a la industria turística, industria que vive directamente del valor del medio natural, explota sus riquezas y debe prever los costos de la irreversibilidad de los daños que causa.

En 1987  iniciamos las denuncias sobre la presión peligrosa que se ejercía sobre los ríos Nizao, Nigua y Yubazo por la extracción de materiales de sus cauces para la industria de la construcción y de hoteles en particular. Denunciamos lo que ocurría en las Dunas de Baní (1984) y el peligro de modificar la línea costera de Barahona por la extracción de arena de sus playas (1989). En 1987, 1988 y 1989 solicitamos la protección y conservación de las costas y del litoral del país, por considerar que las costas se deben manejar con planes especiales ya que amortiguan los efectos devastadores de los elementos naturales como ciclones y oleadas. Así, denunciábamos la situación de la playa de Boca Chica, que desde 1987 sufre un devastador proceso de contaminación y de erosión.  Fuimos al origen de la ley 218 del 13 de abril de 1984 que prohibía la importación de desechos tóxicos, compost, (rockash) después de nuestra participación en la lucha de Oviedo (1983).

También, nos alegramos de la entrada en vigor del Tratado para la prevención y reducción de la contaminación del mar Caribe, que entró en vigor el 11 de mayo de 1987. Por esos motivos, denunciamos el paso del barco cargado de Plutonio en su primer viaje, desde Cherbourg (Francia) hasta Japón, transitando por el mar Caribe y el canal de Panamá, poniendo en peligro nuestros ecosistemas y la vida de los caribeños en caso de accidente (1990). También, denunciamos los intentos de privatizar la isla Catalina por franceses en 1987, en un intento de crear “una isla de la fantasía”.  No son los franceses los que privatizaron la isla Catalina, sino la llegada de los cruceros. Desde esos años, nunca hemos dejado de alertar sobre el modelo de desarrollo turístico que privatiza las playas, excluye la ciudadanía y deteriora las playas por la construcción de instalaciones “improcedentes” como marinas, espigones y embarcaderos.

Los resultados que vemos  son desiguales:  la Secretaría de Turismo se vanagloria de “regenerar playas” que no tienen 30 años de uso intensivo. Qué penoso logro.

Hoy, denunciamos el efecto negativo acumulativo de los impactos de la construcción sucesiva de proyectos hoteleros (con golf, lagunas, piscinas, acuarios)  sobre la capa freática y la reducción de la disponibilidad en agua potable para las poblaciones del Este del país. Denunciamos la posible construcción de la isla artificial que iba a impactar de manera terrible sobre el ecosistema costero de la ciudad de Santo Domingo y su rechazo es producto de la conciencia ambiental que por fin se fortalece en el país, en la ciudadanía.

Pues 25 años de denuncias de los impactos ambientales del sector turístico tuvieron sus efectos desiguales. Nos da pena ver que el sector opina, pero para silenciar la delincuencia, para que no afecte sus actividades o ocultar problemas de salud como brotes o contaminación, para no asustar, y un portavoz del sector denunció el aumento del impuesto a las bodas para extranjeros (90.000 parejas en el 2006)  desde US$ 125 a US$ 500. Según ese portavoz, ese tipo de actividad constituye una gran promoción para el país ! Sabiendo que de cada dólar que genera el turismo, 89 centavos se quedan en el exterior, ¡cuántas bodas tendremos que realizar para poder reponer todos los daños ambientales que generan esos desposados y sus familias cuando vienen por un fin de semana a realizar sus bacanales en nuestras playas ! vaya conciencia ambiental.