La reforma fiscal es un paso inevitable en la coyuntura actual de la economía. Es uno de los compromisos implícitos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una de las derivaciones del Tratado de Libre Comercio intervenido con los Estados Unidos y Centroamérica, para compensar el déficit que provocará el desmonte arancelario y la eliminación de la comisión cambiaria.

En lo que no ha habido acuerdo, por lo menos entre el Gobierno y el sector turístico, es en la forma de acometer la reforma y los blancos hacia los cuales serán dirigidas las cargas fiscales.

El turismo ha puesto reparos al entendimiento entre el Gobierno y parte del empresariado. Su disentimiento está basado en razones que deben ser cuidadosamente ponderadas, aún en el caso de que se perciba la apariencia de que dicho sector estaría demandando tratamiento privilegiado.

–II–

La actividad turística y sus grandes inversiones han sido impulsores del progreso económico del país. Su capacidad como generador de divisas y empleo es una de las características que le ha hecho merecedor de tratamiento especial por parte de distintos gobiernos.

La actividad turística ha dado vida a las economías regionales, principalmente en el Este y el Norte del país, y sus potencialidades apuntan hacia el desarrollo de nuevas inversiones en zonas todavía vírgenes. Esta actividad genera una demanda que, a su vez, sustenta la rentabilidad y crecimiento de la producción agropecuaria y sirve de soporte a empresas de servicio.

–III–

Es probable que el sector turístico haya disfrutado de tratamiento privilegiado en algunas ocasiones, en algunas circunstancias. Es probable que en oportunidades haya reclamado privilegios como una paridad cambiaria que le garantizaría gran rentabilidad y competitividad en desmedro del resto de la economía.

Aún así, con esos resabios, sigue siendo uno de los activadores económicos más importantes del país.

No pretendemos una especie de beatificación del sector turístico ni mucho menos, pero nos parece que a la hora del debate sobre la reforma fiscal, se debe tomar en cuenta el papel que desempeña en la economía y los efectos que podría causar una reforma que erosione su capacidad para crecer y competir.

Creemos que hay que manejar con cuidado, precisión y justicia el tratamiento del sector turístico en la reforma fiscal.

Por cierto que, hablando de justeza en el trato, estamos esperanzados en que la reforma fiscal no presionará más de lo que está la economía de los pobres. Nuestra esperanza tiene buena base, pues aunque a los debates no se invitó a ningún representante de «los de abajo», la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, en su condición pastoral, puede ser una garantía de que se actuará con prudencia al momento de repartir la carga fiscal. Que así sea.