Turno al bate

POR BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
El doctor Joaquín Balaguer liquidó el Partido Dominicano, de Trujillo, y no devolvió el dinero que nos descontaban a los empleados públicos para mantenerlo. Nadie sabe cuántos millones de dólares fueron convertidos en una de las primeras acciones de corrupción no castigada en la era post Trujillo.

Luego siguió la compra de los carros públicos para donarlos a choferes, muy bien escogidos por cierto, guaguas, para entregarlas a sus conductores y la jugada demagógica más aplaudida por el pueblo llano: a todo aquel que tenía un recibo de una compraventa le fue liberado su bien porque el gobierno pagó la cuenta.

Inicialmente el doctor Balaguer basó su fuerza en dos grupos: el miedo que tenían militares y políticos trujillistas y el relajo con fondos públicos que repartió de manera focalizada para buscar popularidad.

Posteriormente el doctor Balaguer logró que los ricos lo apadrinaran cuando se percataron de que era el heredero de Trujillo.

La mayoría de los ricos de entonces había sido convertida de pelagatos en poderosos dueños de bienes de fortuna a través de la politiquería, el engaño, el ejercicio de la adulación extrema, el caliesaje, la guardia y la policía.

Montados en la cresta de la ola donde se soslaya la fina frontera entre lo debido y lo indebido, lo legal y lo justo, lo moral y la desvergüenza, los gobiernos de 1961 hasta hoy han ejercido el poder con una mandarria para abusar de quien lo permita y con un guante de seda para tratar a quien o quienes demuestran fuerza para defenderse.

El problema fundamental de hoy es la falta de autoridad. El irrespeto a la Constitución y a las leyes por parte de gobernantes y gobernados.

Todos los gobiernos de 1961 a la fecha han cometido la debilidad de contribuir a la capitalización de unos cuantos en desmedro del bienestar de la mayoría.

Si se pudiera hacer un cálculo sobre la cantidad de dinero que el Estado ha invertido en la compra, donación, financiamiento no pagado por los beneficiarios y el desorden en subsidios y tarifas de carga y transporte de pasajeros, el país sabría cuánto ha costado la demagogia de gobiernos que se mantienen en el poder a cambio de engañar la mayoría y complacer la minoría.

El negocio del transporte de pasajeros y cargas es rentable y es, además, una fuente de poder para gremialistas, sindicalistas, matatanes y perdonavidas que ejercen en esas áreas.

Miles de automóviles y autobuses, nadie sabe cuántos camiones, furgones, cabezotes y otros equipos pesados, han sido regalados, se ha permitido que se los roben, han sido financiados y el gobierno paga las cuentas, que, en definitiva, es el pueblo quien paga los platos rotos por funcionarios, gremialistas, sindicalistas y choferes que se hacen ricos a costa del erario, sin que haya sanción para nadie.

Cuando el sector privado quiso comprar camiones, cabezotes y todo lo necesario para manejar y transportar la carga que importa, hubo muertos, heridos, vehículos incendiados y toda suerte de violaciones a las leyes que aún esperan sanción.

Ahora los transportistas de carga quieren que el gobierno les avale la compra de camiones nuevos.

Por algún sitio y en algún momento hay que comenzar: esa operación no debe ser avalada por el gobierno que, al fin y al cabo, tendría que pagar los platos robos por los choferes.

Por supuesto, uno decisión cojonuda como esa no la toma un Presidente de la República que anda tras la repostulación, en busca de la reelección.

Tal parece que en nuestro país los problemas son, el cuento de nunca acabar. Insisto: tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe.