San Juan.- La empresa californiana Uber y la Comisión de Servicio Público (CSP) de Puerto Rico se demandaron hoy mutuamente después de que la compañía inició durante el día su actividad en la isla sin que se haya aprobado aún el reglamento local que regula su actividad.

Tal y como había amenazado, la agencia pública fue la primera en demandar a Uber ante la justicia puertorriqueña por “comenzar operaciones de manera ilegal y sin los permisos necesarios que requiere la ley y los Reglamentos de Puerto Rico».

La Oficina del Interés Público de la CSP presentó esta tarde “una solicitud de interdicto preliminar y permanente para que la empresa se abstenga de operar de manera ilegal en la isla” y detenga de inmediato sus operaciones. El presidente de esa entidad, Omar Negrón, explicó en un comunicado que “en la CSP no nos oponemos a la tecnología ni la innovación” y “estamos conscientes que el servicio de Uber es uno necesario y que aportará al desarrollo económico de la isla».

“No obstante, Puerto Rico es una jurisdicción que se rige por la la ley y el orden y todos debemos cumplir con los parámetros establecidos. Ciertamente, Uber no puede ser la excepción”, añadió. En su demanda, la CSP asegura que “la parte demandada ofrece servicio de transportación de pasajeros mediante paga sin obtener una autorización” de esta entidad y sin informarle de las tarifas cobradas para su correspondiente aprobación.

“El 4 de mayo de 2016, este servidor envió carta dirigida a Luis De Uriarte, director de Comunicaciones de UBER Puerto Rico Inc. y/o UBER Technologies Inc. en la que indicábamos cuáles son los requisitos para operar en Puerto Rico y que la CSP era la agencia gubernamental encargada de reglamentar esa industria”, explicó.

Sin embargo, “hasta el momento la CSP no ha recibido contestación a dicha misiva” por lo que “nuevamente solicitamos a los directores de la empresa UBER Puerto Rico a que se presenten en la CSP y soliciten la permisología necesaria para que de una manera ágil y prontamente puedan resumir sus operaciones». “Una cosa es ser ilegal y otra cosa es no estar regulado, y Uber cae en la segunda categoría.

Es normal que la tecnología y la innovación vayan por delante de la regulación”, defendió al respecto De Uriarte en una entrevista concedida hoy a Efe en la que el directivo no adelantó la intención de la compañía de responder con otra demanda si la CSP materializaba su amenaza de acudir a los tribunales, tal y como hizo finalmente.

En su demanda, dirigida tanto contra la CSP como contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la compañía asegura que esa agencia no tiene jurisdicción para tratar de regular su actividad, ya que esta competencia le corresponde al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de la isla.

Argumenta haber demostrado voluntad de cumplir con la reglamentación recientemente redactada por ese departamento, que sin embargo aún no ha sido aprobada por el Gobierno de la isla.

En la demanda, asegura que “el DTOP es la única agencia administrativa que ha sido facultada para desarrollar la política pública de transportación de Puerto Rico». Igualmente acusa la a CSP de haber “asumido una actitud obstruccionista, inflexible, contraria a la política pública de Puerto Rico y al bienestar de sus habitantes” a causa de un “desorientado afán de autopreservación».